El Ejecutivo llevó al Congreso un paquete laboral que reescribe buena parte de las reglas del empleo privado y que el presidente Javier Milei quiere sacar antes del 30 de diciembre en sesiones extraordinarias. La iniciativa deja afuera al empleo estatal, al personal doméstico, al sector agrario y a oficios regulados por el Código Civil y Comercial, pero reconfigura de manera drástica el resto del mercado laboral.
Jornadas extendidas sin horas extra
Uno de los cambios más sensibles es la creación del “Banco de Horas”, un mecanismo que habilita a las empresas a redistribuir la carga laboral sin compensar económicamente las horas adicionales. El trabajador puede superar el límite diario, pero no el tope semanal de 48. La devolución de esas horas queda atada a acuerdos “voluntarios”, aunque en los hechos eso abre la puerta a presiones internas.
Pagos solo bancarios y bonos sin continuidad garantizada
El proyecto obliga a que los salarios se acrediten en cuentas bancarias reguladas por el Banco Central, dejando afuera los pagos en efectivo y cheque. También permite que las empresas repartan bonos por mérito, pero sin efecto de derecho adquirido: la firma puede cortarlos en cualquier momento. La norma, además, abre paso para que parte del sueldo se cobre por billeteras virtuales.
Vacaciones fuera de temporada y fraccionadas
El texto habilita que las vacaciones se tomen por fuera del período habitual y reduce de 45 a 30 días el aviso que debe dar el empleador. También permite dividirlas en tramos de al menos una semana. Si no se otorgan de manera conjunta, la empresa debe garantizar que cada persona pueda descansar en verano al menos una vez cada tres años.
Indemnizaciones acotadas y un Fondo de Cese con riesgo financiero
El Gobierno impulsa un recorte fuerte de las indemnizaciones, ya que quita el aguinaldo, las vacaciones y los premios del cálculo final. Las empresas podrán financiar esos pagos con un sistema de cese laboral sostenido por una contribución mensual del 3%. Esos fondos pueden terminar en fideicomisos o fondos comunes, lo que expone al trabajador al riesgo de la volatilidad financiera.
El proyecto pone un techo a la actualización de las indemnizaciones: inflación más un interés anual del 3%. Si el empleado hace un reclamo por daños en el marco del Código Civil, pierde el derecho a la indemnización laboral, y viceversa.
Menos margen para los sindicatos
La iniciativa endurece las sanciones contra bloqueos y tomas de planta y suspende el pago del salario cuando ocurran. Además, exige que las asambleas internas pidan autorización previa al empleador, tanto en horario como en duración. El texto remarca que durante esas asambleas “no devengarán salarios”.
Convenios colectivos sin ultraactividad
La reforma habilita a las empresas a modificar tareas y modalidades de trabajo siempre que no alteren elementos esenciales del contrato. Si la empresa traspasa ese límite, el trabajador puede considerarse despedido, pero ya no puede reclamar la restitución de condiciones. También se eliminan los libros rubricados y alcanza con registrar los datos ante ARCA.
La Secretaría de Trabajo convocará en un año a renegociar convenios vencidos, lo que elimina la ultraactividad.
Más meses de prueba para el personal doméstico
La prueba para empleadas de casas particulares pasa a seis meses, muy lejos de los 15 a 30 días actuales. Cualquiera de las partes puede cortar el vínculo sin causa y sin indemnización. El empleador no puede usar este período más de una vez con la misma persona.
Plataformas: reconocimiento formal, derechos mínimos
La iniciativa reconoce el vínculo entre plataformas como Uber o Rappi y sus “prestadores independientes”, pero sólo para que operen sin relación laboral. Las empresas no quedan obligadas a cubrir elementos de seguridad ni mantenimiento del vehículo. Tampoco asumen responsabilidad por accidentes que impidan trabajar.
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