El impacto de la inflación sobre los sectores de ingresos fijos y adultos mayores volvió a quedar expuesto en el último informe difundido por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la Canasta de Consumo para Personas Mayores y el Índice de Precios de Medicamentos (IPM) correspondientes a septiembre de 2026, sostener las necesidades básicas requirió un piso superior a los 1,7 millones de pesos para quienes poseen vivienda propia y superó los 2,5 millones para aquellos que deben afrontar el costo de un alquiler.
El relevamiento detalla que una pareja de jubilados con vivienda propia necesitó un presupuesto de $ 1.742.128, lo que representa un incremento del 1,6% en comparación con el mes anterior. En tanto, para una pareja de jubilados inquilinos, el costo de vida trepó hasta los $ 2.552.915, registrando una suba del 1,1%.
La estructura de gastos que compone esta canasta refleja el peso crítico de los consumos esenciales en la economía doméstica de este grupo etario. Los alimentos demandaron $ 655.184, mientras que los servicios del hogar se ubicaron en $ 581.012 para los propietarios y escalaron de manera exponencial hasta los $ 1.391.799 para los inquilinos, absorbiendo gran parte del presupuesto mensual. A estos rubros se suman $ 191.528 destinados a salud y $ 240.437 en bienes personales.
En paralelo, el Índice de Precios de Medicamentos (IPM) —que monitorea mensualmente la evolución de una canasta de fármacos de uso frecuente para evaluar su accesibilidad económica— registró un incremento promedio del 1,4% durante septiembre. El impacto más severo sobre los bolsillos de los jubilados se sintió en los remedios destinados al tratamiento de afecciones cardiovasculares y presión arterial, los cuales encabezaron las subas con un alza promedio del 2,3%. Le siguieron los antibióticos y antisépticos, con un incremento del 2%, y los psicofármacos, que aumentaron un 1,5%.
La producción de estos indicadores por parte de la Defensoría del Pueblo busca monitorear la garantía de derechos. Al mismo tiempo, generar evidencia confiable para el diseño de políticas que contengan el deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores frente a la escalada inflacionaria.
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