Una mujer cada 34 horas: el dramático dato sobre los femicidios en Argentina

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, 173 personas fueron víctimas letales de la violencia machista en Argentina, de acuerdo con un relevamiento elaborado por el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro y Ahora que Sí Nos Ven. El registro expone una frecuencia de un femicidio cada 34 horas.

Del total de casos, 142 corresponden a femicidios directos, 18 a femicidios vinculados, 7 a instigaciones al suicidio y 6 a travesticidios o transfemicidios. A la vez, durante el mismo período se relevaron 349 intentos de femicidio, uno cada 25 horas.

El informe también advierte sobre el impacto de estos crímenes en las familias: al menos 203 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre, y el 57% de ellos son menores de edad.

Cómo fueron los femicidios registrados en 2026

Al analizar específicamente los femicidios directos y vinculados de mujeres y niñas, el relevamiento contabilizó 144 víctimas. A esa cifra se agregan ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Los vínculos entre víctimas y agresores muestran una fuerte presencia de relaciones de pareja o expareja. El 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Además, el 42,2% de los asesinatos ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras que otro 22% tuvo lugar en una vivienda compartida.

Por edades, el grupo más numeroso entre las víctimas fue el de mujeres de 31 a 50 años, con 68 casos, seguido por quienes tenían entre 19 y 30 años, con 33. Entre los agresores también predominó la franja de 31 a 50 años, con 60 casos.

En cuanto a los métodos utilizados, el 44% de las víctimas fue apuñalada, mientras que el 37% recibió al menos un disparo. Entre los femicidas, el 53% eran parejas de las víctimas y el 18% eran conocidos o vecinos.

Casi 350 intentos de femicidio

El relevamiento registró 349 tentativas de femicidio hasta el 31 de agosto. En estos episodios, 177 agresores eran parejas de las víctimas y 157, exparejas.

La violencia también se concentró en espacios privados: el 55% de los ataques ocurrió en la vivienda de la víctima o en una vivienda compartida. Los golpes fueron la principal modalidad de agresión, con 173 casos.

La provincia de Buenos Aires encabezó el registro, con 96 intentos de femicidio. Le siguieron Santiago del Estero, con 41; Santa Fe, con 23; y Salta, con 20.

La mayoría de las víctimas no había denunciado

Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones es el bajo nivel de denuncias previas. Según el informe, solo el 16% de las mujeres que sobrevivieron a un intento de femicidio había denunciado anteriormente a su agresor. Entre las víctimas fatales, la proporción de denuncias previas fue todavía menor: 13,9%.

El documento vincula estos números con las dificultades para acceder a la Justicia, el temor a sufrir nuevas situaciones de violencia y los obstáculos que enfrentan las víctimas al momento de pedir ayuda.

Además, 10 de los femicidas contaban con medidas cautelares de prevención cuando cometieron los crímenes, un dato que vuelve a poner el foco sobre la capacidad de las herramientas judiciales para garantizar una protección efectiva.

El relevamiento también indica que 26 femicidas se suicidaron después de cometer los asesinatos. De ellos, siete habían pertenecido o pertenecían a fuerzas de seguridad.

Entre las circunstancias particulares detectadas, el informe menciona 14 casos relacionados con contextos de narcocriminalidad, 13 con indicios de abuso sexual y cuatro víctimas embarazadas.

El reclamo de las organizaciones feministas

La publicación del informe ocurre en medio de una fuerte disputa política en torno a las políticas destinadas a prevenir la violencia de género. En ese contexto, las organizaciones cuestionaron las declaraciones del presidente Javier Milei, quien sostuvo que durante su gestión «pulverizaron la violencia contra la mujer».

Desde La Casa del Encuentro rechazaron esa afirmación y cuestionaron las políticas oficiales en materia de prevención y asistencia. Según plantearon, el Gobierno «legitima la violencia con discursos misóginos y de odio» y el desmantelamiento de políticas públicas profundiza las dificultades para abordar la problemática.

Las organizaciones también reclamaron que se cumplan de manera efectiva las leyes 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 27.499 (Ley Micaela) y 27.452 (Reparación Económica Brisa).

Otro de los cuestionamientos apunta a la discusión sobre un eventual aumento de penas para las denominadas «falsas denuncias». En ese sentido, desde el observatorio plantearon: «No hay denuncias falsas. Faltan denuncias».

El documento cierra con una advertencia sobre la responsabilidad estatal frente a la violencia machista: «Nuestras vidas están en peligro y el Estado es responsable». Y reafirma el histórico reclamo de las organizaciones: «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos».