La Justicia de Estados Unidos abrió un frente inesperado para Javier Milei. La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, denegó el pedido de cuatro fondos internacionales que buscaban embargar los activos generados por la criptomoneda Libra. Al fundamentar su decisión, la magistrada señaló que esos fondos no serían propiedad del Estado argentino, sino de Milei, de su hermana Karina y del empresario Hayden Davis.
Rochon analizó la evidencia presentada por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que incluía notas periodísticas, posteos en redes y un acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio. Para la jueza, ese material no alcanzó para demostrar que los ingresos correspondían al Estado nacional. En cambio, sostuvo que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, quien habría retenido parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina”.
La resolución, de 33 páginas, también mencionó las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, que planteó la posibilidad de que el país reclame esos fondos si se demuestra que provinieron de actividades ilícitas. Pero Rochon remarcó que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”, y puso en duda la solidez de la teoría oficial.
La jueza también cuestionó el alcance del pedido de los fondos, al que calificó como una “excursión de pesca”. Entre las medidas solicitadas figuraban registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma utilizada para el lanzamiento de Libra, y la citación de trece figuras del ecosistema cripto, entre empresarios, ingenieros e influencers, incluso el creador del sitio Barstool Sports. Para Rochon, el objetivo parecía más una pesquisa general sobre el mundo cripto que la búsqueda de pruebas concretas.
Además, advirtió que si existieran vínculos entre el proyecto digital y el entorno presidencial, la investigación debería llevarse adelante en tribunales británicos o argentinos. Por eso rechazó la utilización de la sección 1782 del Código de Estados Unidos, que regula la cooperación judicial internacional, para impulsar investigaciones especulativas o presionar a un Estado soberano sin pruebas firmes.
El intento de embargo formaba parte de una estrategia más amplia de los fondos que litigaron contra la Argentina por bonos impagos del default de 2001. Tras un fallo británico que obligó al país a pagar más de 1500 millones de euros, estas firmas iniciaron una ofensiva global para rastrear activos embargables. En Nueva York buscaron vincular al Estado con $LIBRA, lanzada en febrero por Hayden Davis y promocionada por Milei en la red social X, lo que generó un alza abrupta y pérdidas por US$251 millones para algunos inversores.
La Oficina Anticorrupción había emitido un dictamen en línea con la postura oficial, al sostener que la promoción de Libra por parte de Milei debía considerarse un acto personal. La Casa Rosada también negó vínculos formales con la emisión o administración del token. Sin embargo, la jueza Rochon dejó en claro que, si no hubo actuación institucional, el dinero podría haber quedado en manos del propio presidente o de personas de su círculo íntimo.
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