Una apuesta para fortalecer reservas con la mira en la estabilidad pre electoral y futuro incierto

Por Nicolas Agustin Nuñez*

En un escenario económico complejo, el Gobierno ha tomado una medida decisiva para fortalecer las reservas y garantizar la estabilidad cambiaria en el corto plazo: la suspensión transitoria de las retenciones a un cupo de exportaciones del complejo agroganadero de U$S 7.000. La iniciativa, que se ve acompañada por señales de apoyo del secretario del Tesoro de EE. UU. y del FMI, busca asegurar un flujo de divisas vital en un momento clave para el país.

Para alcanzar este objetivo, el Gobierno realiza un esfuerzo fiscal significativo, estimado en USD 1.300 millones, al ceder temporalmente una porción de su participación en la renta agroganadera. Esta decisión se enmarca en la necesidad de consolidar la calma del mercado, evitando así una devaluación y ruptura del programa económico.

El recuerdo del programa «dólar Soja» de 2022 sirve como un útil contraste para analizar la coyuntura actual. En aquella oportunidad, con cerca del 63,5% de la cosecha ya vendida, el incentivo logró destrabar un considerable volumen que los productores aún retenían. Hoy, en cambio, con más del 70% de la producción ya comercializada, el foco de la medida es diferente. Al mismo tiempo, en ese entonces el costo había sido de una emisión de $ 438 mil millones de pesos (equivalente a U$S 1.450 millones al CCL), 33% del cual iban a parar a recaudación fiscal. Mientras que el costo actual estimado seria dólares que se dejan de recaudar por un estimado de U$S1.300 (suponiendo una retención ponderada equivalente al último trimestre del 2024, pero podría ascender hasta los U$S 1.820), y el resultado fiscal positivo se vería en la recaudación de impuesto a las ganancias, todavía por definirse.

La distinción más importante, sin embargo, radica en la naturaleza del costo asumido. Mientras que en 2022 el programa se sostuvo con un costo principalmente monetario a través del Banco Central, la herramienta actual implica un esfuerzo fiscal directo por parte del TesorNOo. Esto refuerza la idea de que la estrategia actual se centra en adelantar la liquidación de exportaciones ya previstas para fin de año, más que en generar una oferta que antes no estaba disponible. Es decir, este costo es equivalente al superávit financiero de los primeros 4 meses del año, por lo que, si el gobierno quiere sostener el resultado positivo y también cumplir con el FMI, va a tener que ajustar el gasto incluso más.

Proyectando sobre los últimos datos oficiales del INDEC, el volumen de estas ventas del último trimestre rondaría los USD 7.600/8.100 millones, y al observar que el cupo de retención 0% equivale a 7 mil millones de dólares, se concluye que se busca concentrar en las próximas semanas, casi la totalidad de las exportaciones de estos rubros, para el resto del año. Esta estrategia, si bien efectiva para abastecer la demanda de dólares de manera inmediata y sin tener que recurrir a las reservas del Banco Central, abre un interrogante sobre el flujo de divisas para los meses de noviembre y diciembre, un desafío que la gestión económica deberá administrar.

Un aspecto central del debate son las retenciones como herramienta económica. Históricamente, han cumplido una doble función: por un lado, permitir la redistribución de la renta extraordinaria de un sector altamente competitivo; por otro, cuidar la mesa de los argentinos al desacoplar los precios internos de los vaivenes internacionales. La suspensión temporal de este instrumento, aunque necesaria en la coyuntura, podría generar una transitoria presión alcista en los precios de los alimentos en el mercado local. Es decir, al tener (por ejemplo) retenciones del 25%, un exportador es indiferente al momento de exportar a 100 o vender localmente a 75.

En definitiva, si bien la búsqueda de la estabilidad cambiaria es un objetivo irrenunciable para proteger el ingreso popular, las herramientas elegidas y los costos asumidos abren serios interrogantes sobre el rumbo adoptado. La medida se traduce en una transferencia directa de recursos por más de U$S 1.300 millones desde el Estado hacia uno de los sectores de mayor rentabilidad de la economía, sin una contraprestación clara que garantice la inversión o el empleo a futuro.

Más grave aún, se corre el riesgo de que el costo de esta estabilidad financiera de corto plazo sea pagado por quienes menos tienen, a través de una inevitable presión sobre los precios de los alimentos, debilitando el principio fundamental de cuidar la mesa de los argentinos.

Se trata, en esencia, de una solución que hipoteca el futuro inmediato, generando un vacío de divisas para fin de año y obligando al Estado a profundizar un ajuste del gasto.

*Por Nicolas Agustin Nuñez – Investigador del CIEN (Centro de Investigación de Economía Nacional).

About Author

DeudaPrometida.com

See author's posts