Luis Caputo salió a cruzar la versión que señalaba que la inflación de enero superaba el 3% con la nueva metodología del Indec y, en el intento de desmentirla, expuso un problema mayor: reconoció que accedió y difundió información reservada del organismo estadístico cuando el cálculo todavía no estaba cerrado.
El ministro de Economía negó que el nuevo índice elaborado bajo la gestión de Marco Lavagna arrojara un número superior al actual y sostuvo que la variación resultaba incluso una décima más baja. Esa afirmación dejó al descubierto que manejaba datos internos del Indec con varios días de anticipación, pese a que la publicación oficial del IPC estaba prevista para el 10 de febrero.
La revelación generó ruido puertas adentro del organismo. Técnicos del Indec ratificaron que el cálculo provisorio ubicaba la inflación mensual en una franja claramente superior al 3%, con estimaciones que oscilaban entre 3,2% y 3,4%, aunque aclararon que el índice aún no estaba terminado. Esa condición preliminar vuelve más grave la difusión anticipada del número.
El propio Caputo explicó su versión en redes sociales al responderle al periodista Eduardo Feinmann, quien había advertido sobre el impacto político de arrancar el año con un dato elevado. “Es falso”, escribió el ministro, antes de agregar: “De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines”.
Esa declaración implicó, además, un reconocimiento explícito de que tanto el entonces titular del Indec como su sucesor le anticiparon información sensible. El acceso y la difusión de esos datos no solo comprometen el secreto estadístico, sino que también afectan la independencia del organismo y generan ventajas indebidas para los operadores financieros que ajustan decisiones en función del IPC.
La polémica se potenció con la renuncia de Lavagna, atribuida en el propio Indec a la presión para frenar la difusión de un índice que reflejaba una inflación más alta. El trasfondo no es menor: de ese número dependen la actualización de bonos CER, créditos y plazos fijos UVA, jubilaciones, alquileres, asignaciones sociales e incluso parámetros clave del esquema cambiario.
Mientras Caputo insiste en justificar la postergación del nuevo cálculo, en el Congreso la controversia ya tomó forma política. Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de interpelación para que el ministro, Pedro Lines y el propio Lavagna expliquen por qué el Gobierno decidió congelar la nueva metodología justo cuando comenzaba a mostrar resultados menos favorables.
En el mercado, en tanto, la versión oficial tampoco logró ordenar el discurso. Voces cercanas al equipo económico difundieron cifras dispares y terminaron reconociendo valores más altos que los defendidos inicialmente. La discusión por el índice, lejos de cerrarse, dejó expuesta una crisis de credibilidad que el Gobierno todavía no logra contener.
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