Por Marina Kabat*
El gobierno militar que derrocó a Perón impuso el lema “ni vencedores ni vencidos”. Presentó su triunfo como un suceso casi pacífico. En general, cuando se cuestiona esta idea, se habla de la Revolución Fusiladora y se remite a la masacre de José León Suárez en 1956. ¿Pero no hubo muertos en 1955?
A la idea de un desenlace poco conflictivo también contribuyeron las declaraciones públicas de Perón, quien dijo haber renunciado para evitar una guerra civil. Sin embargo, en una carta privada a John William Cooke planteó que renunció porque los generales “leales” no se mostraron dispuestos a defenderlo y que, si él no hubiera abandonado el país, lo hubieran asesinado para hacer méritos con los golpistas.
Probablemente, esto fuera cierto. De hecho, la supuesta renuncia de Perón no tenía ninguna validez formal. Al igual que el texto que había difundido a finales de agosto de ese mismo año, solo expresaba su voluntad de renunciar si este acto facilitara la pacificación del país. El texto no cumplía los requisitos legales para que implicara el cese de las funciones presidenciales. Tanto Perón como su ministro del Interior, Oscar Albrieu, le señalaron esto a la Junta de defensa, los militares “leales” que debían defender el gobierno constitucional. Estos militares “leales” hicieron caso omiso de las aclaraciones del presidente y su ministro y decidieron unilateralmente considerar el texto de Perón como una renuncia legalmente válida y conminaron a Perón a abandonar el país. Es decir, Perón no renuncia: lo destituyen sus propios generales “leales”. Esos generales “leales” esperaban poder participar del nuevo gobierno. El propio Lucero, ministro del ejército de Perón, relata en sus memorias que se esperaba poder negociar una junta de gobierno integrada en un 50 por ciento por generales rebeldes y un 50 por ciento por leales.
En septiembre de 1955, Perón no tomó resoluciones en forma directa. Esto contrasta con el intento de golpe frustrado de 1951, cuando Perón asumió personalmente la represión de la sublevación y ordenó a la CGT que impidiera el avance de tropas de Campo de Mayo, cruzando camiones grúa y otros vehículos en las vías de acceso. También contrasta con junio de 1955. En ese caso las decisiones de Lucero y de Perón se superponen. En septiembre, en cambio, Lucero y la Junta militar “leal” monopolizan el mando. Desde un primer momento toman medidas para evitar cualquier movilización popular. Lucero es el único que habla por radio y la Junta “Leal” controla estrictamente las noticias que se publican.
Después de varios días en que aseguran el triunfo inminente de las fuerzas leales, de golpe se conoce la renuncia y el exilio de Perón. Antes hubo contradicciones importantes: primero se informó que Córdoba había sido recuperada, para luego afirmar que quedaban focos rebeldes aislados y que se realizaban tareas de limpieza en dicha ciudad. En realidad, las tropas que se habían acercado a Córdoba habían sido repelidas. Otras aguardaban a cierta distancia tras sufrir bombardeos de la aviación golpista. Los diarios argentinos que dieron por recuperada Córdoba por las fuerzas leales no informaron bajas. Tras el exilio de Perón, ni la Junta militar leal que detentó el poder hasta que asumió Lonardi, ni este último dieron cifras de muertos. Pero los diarios uruguayos que seguían los acontecimientos señalaron que los enfrentamientos en Córdoba habían sido cruentos y que en la ciudad mediterránea se pedía a la población que donara sangre para los múltiples heridos. No en vano Lonardi había alentado a sus partidarios a actuar con la mayor brutalidad posible.
La junta de militares leales ejerce el poder hasta que asume Lonardi. En esos días, como lo venía haciendo en las jornadas previas, toma todas las medidas necesarias para prevenir levantamientos obreros. Esta junta “leal” reprime conatos de resistencia en Avellaneda y desaloja a la Alianza Libertadora Nacionalista de su sede en la calle San Martín y de los edificios que esta había ocupado: Secretaría de Prensa y Escuela Superior Peronista. En la sede de la Alianza hay cierta resistencia y el local es destruido a cañonazos. Muchos militantes de la alianza se entregan, otros escapan por los techos. Los diarios porteños solo informan del desalojo. Pero diarios uruguayos que tenían corresponsales en Buenos Aires hablan de hasta 45 muertos en el bombardeo del edificio.
En Rosario, entre el 22 y el 25 de septiembre se produce un paro con manifestaciones obreras contra el golpe. El 22 los obreros son amedrentados por los militares, quienes amenazaron con tanques y camiones para “calmar” a los agitadores.El viernes 23, día en que asume Lonardi la presidencia, desde la mañana, se concentran numerosos manifestantes que repudian la Libertadora. Manifestantes peronistas forman barricadas en la zona deParque Independencia. Estos grupos buscan llegar al centro y son reprimidos por las fuerzas militares, que logran establecer “el orden’’ a través de gases lacrimógenos y apertura de fuego sobre los manifestantes. Como saldo, el diario La capital cuenta 25 muertos y 55 heridos. El sábado 23 se intentan nuevas manifestaciones, pero los militares refuerzan el operativo represivo. Más tropas llegan a la ciudad, se montan nidos de ametralladoras y se movilizan dotaciones de infantería. Desde el mediodía, los aviones del ejército sobrevuelan la ciudad con orden de abrir fuego.Tampoco sabemos el número total de víctimas por fuera de estimaciones contradictorias de algunos diarios rosarinos o extranjeros (la prensa nacional minimizó los sucesos). Ya es tiempo de develar estos sucesos. Es hora de conocer el grado de violencia que implicó en 1955 la imposición del proyecto liberal. Para eso, es ineludible que se abran los archivos del ejército que todavía hoy, 71 años después, no han sido desclasificados.
Por Marina Kabat, doctora con mención en historia, docente UBA e integrante del CEICS.
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