La investigación judicial sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri vuelve a quedar en discusión. La Cámara Federal deberá analizar si corresponde reabrir el expediente luego de que el fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, solicitó dejar sin efecto la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien había ordenado archivar la causa.
El planteo del fiscal respalda la apelación presentada por su colega de primera instancia, Franco Picardi, que cuestionó con dureza la resolución de la magistrada. En el expediente aparecen como imputados el exmandatario Mauricio Macri y varios exfuncionarios de su administración, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
La causa se originó tras el acuerdo firmado con el FMI en 2018, que implicó un crédito de más de 50.000 millones de dólares. Después de varios años de trámite, Capuchetti concluyó que el caso no debía analizarse en el ámbito judicial al considerarlo una decisión vinculada a la política económica. Además, descartó la existencia de un desvío o apropiación irregular de fondos.
La decisión coincidió con el retiro del Estado como querellante. El Gobierno resolvió apartar a la Procuración del Tesoro, organismo que representaba al Estado en el expediente. Aun así, la investigación continuó con el impulso del Ministerio Público, que durante el proceso reunió informes del Banco Central y de organismos de control que señalaban posibles incumplimientos de normas administrativas.
Entre las irregularidades mencionadas por la fiscalía figura la ausencia de aprobación del Congreso, una instancia prevista en la Constitución para la toma de deuda externa. También se señalaron falencias en los pasos administrativos previos al acuerdo, como la falta de informes de viabilidad o autorizaciones formales dentro del Poder Ejecutivo.
Ahora el caso quedará en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes deberán resolver si el expediente continúa en etapa de investigación o si se confirma el archivo dispuesto por Capuchetti.
Las críticas del fiscal Picardi
En su apelación, el fiscal Franco Picardi sostuvo que la resolución judicial dejó cuestiones relevantes sin analizar y reclamó profundizar la investigación. Según planteó, la jueza realizó una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y las pruebas así como del marco regulatorio” al decidir el cierre del expediente.
Para el fiscal, el acuerdo con el FMI implicó la toma de “una deuda estatal insostenible” por 57.100 millones de dólares, una cifra que describió como la mayor registrada tanto en la historia argentina como dentro del propio organismo internacional.
El dictamen también señala que la administración de Cambiemos presentó “argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas”, y que los fondos terminaron financiando “la profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público”.
En ese contexto, Picardi advirtió que las decisiones adoptadas pudieron generar “beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros” y que parte de los recursos se administró “de manera discrecional y/o fraudulenta”, lo que dificultó su seguimiento y control.
El fiscal sostuvo además que el endeudamiento dejó a la Argentina como el mayor deudor del Fondo y que las consecuencias económicas derivadas del acuerdo provocaron un fuerte impacto sobre las cuentas públicas. Según cálculos de la Sindicatura General de la Nación citados en el dictamen, el perjuicio económico para el Estado ascendería a 29.618 millones de dólares.
La Cámara Federal deberá determinar ahora si los argumentos de la fiscalía justifican reactivar la investigación o si el cierre del expediente queda firme. Mientras tanto, la discusión judicial sobre el histórico acuerdo con el FMI vuelve a instalarse en los tribunales federales.
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