Un fallo inédito frenó los créditos engañosos y puso la lupa sobre el negocio de la desesperación en el Conurbano

Un fallo judicial en el Conurbano bonaerense comenzó a sentar un precedente directo contra las maniobras de captación opaca en el mercado del crédito no bancario. En el marco de una demanda colectiva promovida por el Municipio de Morón, conducido por el intendente Lucas Ghi, junto a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) encabezada por María José Lubertino, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Morón, Marcelo Gradín, dictó una medida cautelar que exige a ocho empresas de préstamos personales abstenerse de difundir información engañosa o incompleta respecto de las condiciones financieras de sus productos.

La resolución judicial pone el foco en prácticas recurrentes dentro del circuito informal y fintech. Entre las irregularidades detectadas por la comuna y sancionadas de manera preliminar por la Justicia, se destacan el cálculo de tasas mediante metodologías disímiles a las reglamentadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la exhibición del Costo Financiero Total (CFT) sin la inclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) —ocultando el costo real a abonar por el usuario— y la utilización de simuladores de cuotas en línea cuyas liquidaciones finales resultaban significativamente superiores a las cotizadas inicialmente en pantalla.

Desde la Secretaría de Gobierno local, el responsable del área de Defensa del Usuario y el Consumidor, Martín Miani, describió la magnitud de las discrepancias halladas entre la oferta comercial publicitada y los cobros efectivamente devengados, señalando que la falta de parámetros claros inducía de forma sistemática al error a consumidores con baja alfabetización financiera. «Es muy ostensible y muy obsceno lo que está pasando. Las empresas cruzaron muchos límites», advirtió el funcionario en declaraciones periodísticas.

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Al fundamentar la cautelar, el juez Gradín encuadró el caso dentro de la protección consagrada por el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor, haciendo especial hincapié en el perfil socioeconómico de los afectados. Según consta en la resolución, los demandantes que apelan al crédito extraanual son principalmente personas excluidas del bancario formal, como jubilados, pensionados y trabajadores de la economía informal. El magistrado remarcó que este universo transita frecuentemente por un «vórtice descendente que los sumerge en la desesperación», llevándolos a tomar compromisos financieros sucesivamente más gravosos para cancelar pasivos previos sin reparar en las distorsiones contractuales.

La iniciativa municipal surgió a partir de las intervenciones del programa local de abordaje del sobreendeudamiento, donde la comuna identificó que las contrataciones de préstamos se vinculan de forma directa con la pérdida de capacidad de compra de los salarios y haberes previsionales. En ese contexto, Miani precisó que, de acuerdo con los relevamientos de campo vigentes, más del 60% de las solicitudes de financiamiento familiar tienen como destino exclusivo la compra de alimentos, mientras que cerca del 15% se destina a la cobertura de servicios públicos esenciales.

Si bien el magistrado declinó pronunciarse en esta etapa cautelar sobre las denuncias por hostigamiento mediante mensajes de texto, correos y WhatsApp dirigidas a deudores, la gestión municipal confirmó que apelará ese tramo de la decisión para frenar las presiones amedrentadoras reportadas por los vecinos. La cautelar obtenida en Morón constituye la primera presentación de estas características encarada por un gobierno local bonaerense y se perfila como un caso testigo para otras gestiones municipales de la región.

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