Tras el desacato de Milei, las universidades van a la Justicia

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas escaló otro nivel. Aunque el Gobierno promulgó la ley que garantiza recursos para el sistema, lo hizo con una cláusula que suspende su aplicación hasta que el Congreso precise cómo se financiará. La medida, firmada por Javier Milei, generó un fuerte rechazo entre los rectores, que anunciaron que acudirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la norma.

Mientras tanto, docentes y no docentes de todo el país iniciaron un paro de 48 horas en protesta contra la decisión oficial y la falta de respuestas ante la crisis presupuestaria del sector.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, cuestionó la postura del Ejecutivo y sostuvo que el gobierno “tenía la responsabilidad de ejecutar la ley tal como fue sancionada por el Congreso de la Nación. Los rectores fuimos muy responsables en este camino. A pesar de una situación muy precaria por la que atravesamos. Logramos que una ley muy responsable, que no compromete fiscalmente al estado y que da una solución al problema salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario argentino”.

Bartolacci advirtió que “se cumpla la ley, ni más ni menos que eso. Si no cuál es el sentido del Congreso Nacional, cómo es el funcionamiento de la república en Argentina. Nos preocupa esta decisión que tomó el Gobierno, que está a tono con lo que hizo con discapacidad. Vamos a reunirnos en un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que se hará esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Allí, vamos a definir el carácter de una acción colectiva que el Consejo llevará adelante en la justicia para exigir la aplicación de la ley”.

En diálogo con LT8, el titular de la UNR adelantó que “con la misma responsabilidad con la hicimos todo el camino hasta acá, iremos a la Justicia para que se aplique la ley, tal como fue resuelta por el Congreso. Es lo que corresponde. No es cierto el argumento de que el Gobierno nacional no pueda redefinir partidas para cumplir con lo que la ley dispone. Estamos en el segundo año con presupuesto reconducido, no sola las Universidades sino el país”.

Bartolacci también apuntó contra la asignación discrecional de fondos. “Cómo se explica que se hayan aumentado un mil porciento los fondos destinados a los servicios de inteligencia. Hay atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo Nacional para redistribuir partidas y cumplir con los objetivos y se han distrubuido de manera discrecional por decisión del Gobierno. No es cierto que no hay recursos para atender lo que establece la ley, ni que no hay posibilidades en las atribuciones del Ejecutivo con eso que la ley dispone. Por eso iremos a la Justicia: para que la ley se aplique tal como fue aprobada”.

Según el rector, la decisión oficial compromete el funcionamiento del sistema. “La no aplicación de la ley pone en peligro el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario. Hoy estamos con una medida de fuerza en todo el país que es consecuencia de esta situación. Si tenemos dificultades para desarrollar con normalidad las actividades en el ámbito universitario, de aquí a fin de año, es pura y exclusiva responsabilidad del Ejecutivo Nacional con una ley que para su aplicación demanda un 0.2 por ciento del PBI. No compromete fiscalmente al estado”.

El reclamo llega en un momento crítico: el Gobierno volvió a postergar la aplicación de leyes aprobadas por el Congreso, entre ellas la que declara la emergencia en salud pediátrica. En los decretos, Milei y su gabinete repitieron el argumento de que el Parlamento no especificó el origen de los fondos. Para el Ejecutivo, esa discusión debe resolverse recién durante el debate del Presupuesto 2026.

Bartolacci cerró con un diagnóstico que refleja la gravedad del panorama: “No es cierto que no hay recursos. No hay voluntad de resolver un problema que es grave. Hay un dato que ejemplifica la gravedad de la situación: el 80% de los docentes universitarios de todo el país están cobrando por mes entre 200 mil y 600 mil pesos. La ley contenía una respuesta responsable para eso. Además, estamos ante el desafío de que se apruebe un presupuesto para el año que viene. Si vamos por tercera vez a tener un presupuesto reconducido, la situación será límite”.

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