Tiembla Adorni: la Justicia analiza el celular del contratista que declaró pagos en dólares

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene en el centro a Manuel Adorni sumó una instancia clave: la Justicia ya cuenta con el contenido completo del celular de Matías Tabar y comenzó a examinarlo en detalle.

El material surge de la extracción realizada sobre el dispositivo del contratista, quien aseguró haber cobrado unos 245.000 dólares por trabajos de refacción en una vivienda vinculada al funcionario. Ahora, los investigadores intentan reconstruir el vínculo entre ambos y verificar si los registros digitales respaldan lo declarado en sede judicial.

De acuerdo a fuentes del expediente, el análisis incluye conversaciones, archivos y cualquier otro dato que permita entender cómo se desarrolló la relación entre Tabar y Adorni, especialmente en torno a las obras realizadas en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

El procedimiento se llevó adelante luego de que el propio contratista entregara su teléfono de manera voluntaria y habilitara el acceso a su contenido. A partir de esa información, la fiscalía trabaja en un pedido de justificación patrimonial, una instancia previa a una eventual indagatoria en este tipo de causas.

Uno de los puntos que despertó mayor interés entre los investigadores tiene que ver con los contactos que, según relató Tabar, mantuvo con el funcionario antes de declarar. El contratista aseguró que recibió mensajes a través de WhatsApp en los que Adorni manifestaba su intención de hablar con él e incluso le ofrecía asistencia vinculada a su presentación judicial.

Ese episodio llevó a profundizar el análisis sobre el dispositivo, con el objetivo de determinar si existen registros que confirmen esos intercambios y el contenido de las conversaciones.

En paralelo, la Justicia intenta reconstruir el circuito completo de las refacciones: desde la contratación hasta la ejecución y el pago de los trabajos. En su testimonio, Tabar indicó que los montos se abonaron en efectivo y describió distintas intervenciones realizadas en la propiedad.

La causa, que está bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, también avanza sobre otros aspectos patrimoniales del funcionario. Entre ellos aparecen movimientos financieros, operaciones con activos digitales y gastos relacionados con viajes y reformas inmobiliarias.

Con toda la información ya incorporada al expediente, los investigadores buscan determinar si el contenido del celular aporta pruebas que permitan esclarecer el origen de los fondos utilizados y el tipo de relación que existía entre Adorni y el contratista.

Presión política y demoras con la declaración jurada

Mientras la causa judicial avanza, crece la tensión en el plano político por la demora en la presentación de la declaración jurada del funcionario.

En el oficialismo interpretan que la estrategia apunta a estirar los plazos hasta el límite legal del 31 de julio. La intención sería difundir la información en un momento de menor impacto mediático, en coincidencia con el inicio del Mundial 2026.

Sin embargo, en el propio Gobierno aparecieron señales de incomodidad. Patricia Bullrich decidió adelantar la presentación de su declaración 41 días antes del vencimiento, en un gesto que se leyó como una presión directa. A eso se sumó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien planteó públicamente que «todos estamos esperando» que Adorni haga públicos sus bienes.

Las críticas también llegaron desde sectores aliados. El senador Luis Juez fue uno de los más duros y planteó que el «límite es la corrupción», en medio de un clima interno cada vez más tenso alrededor del funcionario.