Tenencia de armas: Entre enero y abril del 2022, más del 30% de los femicidios fueron con armas de fuego

Por Roberto Rock

El discurso de la libre portación de armas en nuestro país a consecuencia de la masacre de Texas no tardó en formar parte de la agenda discursiva de la derecha. Javier Milei en algún momento declaró radialmente en Urbana Play: «Si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia». En tanto, Patricia Bullrich, al salir de una cena en la provincia de Córdoba le dijo al medio local El Puntal: “El que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre”. Por consiguiente, el actual ministro del interior, Wado de Pedro, trató de irresponsables a aquellos y aquellas que fomentan la desregulación, el uso y el acceso a las armas de fuego.

La organización suiza Small Arms Survey (SAS), encargada de investigar sobre la tenencia mundial de armas pequeñas, afirma que cada 100 habitantes estadounidenses cuentan con 120. En segundo lugar están las Islas Malvinas con 62,1. Respecto a Argentina los índices marcan 7,4 en un centenar de residentes. Las estadísticas en nuestro país acerca de quienes tienen armas vienen algo demoradas. Hasta antes de la pandemia indican que hay 1.618.877 de estas registradas según la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Por el lado de las ilegales se estima la misma cantidad.

En cambio, aportes en 2020 de la ex ReNar (Registro Nacional de Armas de la República Argentina), en nuestro país se hicieron casi 30.000 pedidos de artefactos de fuego los cuales el 1% corresponde a mujeres. Sólo una de cada 100 solicitudes para obtener la autorización de portación fue realizada por una mujer durante todo el 2019. «Lamentablemente, la ANMaC no publica información periódica sobre la cantidad de autorizaciones otorgadas de portación de armas. Esto refleja un grave problema en términos de transparencia y de producción de información para evaluar y orientar las políticas estatales en la materia» dijo Julián Alfie, ex coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), al sitio de Periodismo de Datos de la Universidad Nacional de Avellaneda     .

Pensar la posesión desde “la seguridad personal” elude problemáticas sociales alarmantes. No solo nos enfrentamos a las consecuencias de la justicia por mano propia sino que también recae en las víctimas de femicidios. Según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), señalados a Página/12 por su titular María del Carmen Verdú: “el 95% de los femicidios en manos de fuerzas de seguridad son con el uso de arma reglamentaria. Y el 66% de los de gatillo fácil también, cuando los uniformados están fuera de servicio”. Conviene subrayar lo inquietante de los datos trágicos proyectados solo por quienes usufructúan de armas de manera “profesional”.

Los estudios del Centro de Información Judicial (CIJ) revelan que una de cada cuatro víctimas de femicidios en la Argentina entre 2017 y 2020, fue asesinada con armas de fuego (24%). Y esa proporción trepa al 37% cuando se trata de femicidios múltiples, con más de una víctima. Estos índices están sujetos al Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA). Datos recabados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con información provista por los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales de todas las provincias. De acuerdo al informe elaborado por La Casa del Encuentro sobre los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022 se registraron 113 femicidios y trans-travesticidios. Si se tiene en cuenta la modalidad de hecho, 30 mujeres fueron asesinadas con un arma de fuego

Cave diferenciar entre tenencia y portación. Concretamente la primera refiere a disponer de un arma de fuego en el hogar mientras que la segunda determina la autorización de salir a la calle con la misma en circunstancias de eventual uso. Con este último consentimiento cuenta la policía y diversas fuerzas de seguridad tal lo expuesto por el artículo N°2 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 sancionada en 1973 bajo el gobierno de Alejandro Lanusse. 

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