Sturzenegger desató un paro portuario que amenaza con dejar al país sin combustible

El conflicto abierto en los puertos argentinos por la reforma del practicaje ya comenzó a generar consecuencias sobre el comercio exterior y encendió una alerta por el abastecimiento interno de combustibles. El paro por tiempo indeterminado de prácticos, pilotos y baqueanos mantiene paralizadas distintas operaciones y dejó alrededor de 140 buques sin poder avanzar.

La protesta afecta puntos estratégicos de la actividad portuaria, entre ellos Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud. La interrupción también complica el movimiento de combustibles destinados al mercado interno, por lo que el escenario genera preocupación ante eventuales dificultades para conseguir nafta, gasoil y fuel oil.

La respuesta del Gobierno de Javier Milei llegó a través de la Prefectura Naval Argentina, que comenzó a intimar de manera individual a más de 500 profesionales para que retomen sus funciones. La administración nacional considera que el practicaje forma parte de un servicio público esencial y advierte que quienes mantengan la medida podrían afrontar consecuencias administrativas y judiciales.

El decreto que desató la protesta

El origen del conflicto está en el Decreto 690/2026, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La norma modifica las reglas que regulan los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales del país.

Desde el Ejecutivo defienden la reforma como una herramienta para reducir los costos vinculados con la logística y abrir el mercado a una mayor cantidad de prestadores. Entre sus argumentos, el Gobierno sostiene que busca eliminar «kioscos regulatorios» y promover la competencia.

Los trabajadores, en cambio, reclaman que el decreto sea suspendido o directamente derogado antes de retomar cualquier instancia de negociación.

La extensión del conflicto ya genera un impacto económico que excede a los trabajadores involucrados. La demora de las embarcaciones afecta el movimiento de exportaciones, especialmente de granos, y obliga a evaluar alternativas para el traslado de distintas cargas. Parte de esas operaciones comenzó a desviarse hacia terminales de Montevideo y del sur de Brasil.

La advertencia de los prácticos uruguayos

La controversia también cruzó las fronteras. La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico expresó su rechazo al nuevo esquema implementado por la Argentina y puso el foco en las consecuencias que podría tener sobre la seguridad de la navegación.

«Entendemos que dicha normativa genera serios riesgos para la seguridad de la navegación y podría implicar violaciones al Tratado del Río de la Plata, así como desconocer recomendaciones de la **Organización Marítima Internacional (OMI)», apuntaron.

La entidad sostuvo además que el trabajo de los prácticos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica o de reducción de costos, debido a las responsabilidades que implica para la navegación y las operaciones portuarias.

«El practicaje constituye una actividad esencial para la protección de la vida humana en el mar, la preservación del medio ambiente y la seguridad de las operaciones portuarias. Por ello, resulta imprescindible que se mantengan estándares adecuados de formación, certificación y habilitación de los prácticos, conforme a las prácticas internacionales y a los compromisos asumidos por nuestros países», agregaron y apuntaron: «Solicitamos al Ministerio que se considere la revisión de esta medida y se promueva un ámbito de diálogo bilateral con las autoridades argentinas, a fin de garantizar el cumplimiento de los tratados vigentes y la seguridad de la navegación en nuestras aguas compartidas».

Qué cambia con la nueva regulación

El Decreto 690/2026 reemplaza el esquema que regía desde 1991 y modifica las condiciones para acceder y prestar los servicios de practicaje y pilotaje.

Entre los principales cambios aparece la eliminación de determinadas exigencias que el Gobierno considera desactualizadas. La nueva normativa apunta a facilitar la incorporación de nuevos profesionales y permite que quienes utilizan el servicio puedan contratar a los prácticos de manera directa.

La Prefectura Naval Argentina, en tanto, conservará un registro abierto de profesionales habilitados. El nuevo esquema no establece un número máximo de personas autorizadas para ejercer la actividad.

También habrá modificaciones en la estructura de tarifas. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) tendrá a su cargo la determinación de valores máximos que contemplarán las tareas correspondientes al practicaje y pilotaje. La intención oficial es evitar cobros adicionales que no estén contemplados.

A su vez, las empresas deberán difundir de manera periódica los precios que cobran y entregar información sobre los servicios prestados. El Gobierno plantea que esa obligación permitirá mejorar la transparencia del mercado y detectar eventuales prácticas anticompetitivas.

El decreto también flexibiliza las reglas vinculadas con el traslado de los prácticos y modifica las condiciones para quedar exceptuado de la obligación de utilizar este servicio. Además, contempla la experiencia de capitanes extranjeros que conozcan las zonas de navegación y puedan comunicarse en inglés, de acuerdo con los estándares internacionales.