Roger Edgar Grant, uno de los acusados por el entramado de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), decidió hablar ante la Justicia y marcó distancia de las maniobras que se investigan. Frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, el funcionario sostuvo que “solo cumplía órdenes” de su entonces superior, Daniel María Garbellini.
Grant ocupaba la coordinación de Gestión de Urgencias dentro del área de Acceso a los Servicios de Salud, donde manejaba el sistema de compras Siipfis, una herramienta clave para autorizar la adquisición de medicamentos de alto costo. Según la investigación, ese espacio operó como un engranaje central para direccionar fondos públicos hacia un puñado de droguerías, un circuito que funcionó a contramano de las reglamentaciones y que involucró sobreprecios millonarios.

El vínculo entre Grant y Garbellini comenzó años atrás, cuando ambos trabajaban en la obra social Ospsip, del personal de vigilancia privada. Esa relación habría continuado en Andis, y se insertó dentro de una cadena jerárquica más amplia que ya apunta a figuras de mayor peso político. Los investigadores sospecharon que Garbellini también respondía a Pablo Atchabahian —detenido y señalado como uno de los “jefes paraestatales” de la estructura— y a Miguel Ángel Calvete, ambos prominentes en el esquema que funcionó durante distintas gestiones.
En los teléfonos secuestrados, el fiscal Picardi detectó conversaciones que mostraron un control minucioso del proceso de compras. Allí surgió que Grant sabía qué empresas serían invitadas a cada compulsa y que manejaba los tiempos administrativos. También aparecieron indicios de que recibía instrucciones para habilitar o bloquear droguerías dentro del sistema. Frente a las preguntas de la Justicia, el coordinador respondió: “Lo consultaba todo con Garbellini”.
La acusación marcó que, mientras en licitaciones abiertas participaban hasta 15 oferentes, en las compulsa “reducidas” quedaba habilitado un grupo de apenas cuatro empresas, todas con vínculos cruzados entre sí y con funcionarios de Andis. Ese mecanismo permitió fragmentar artificialmente compras de medicamentos del programa Pacbi, esenciales para personas con patologías severas o tratamientos prolongados. En 21 de esas compulsas, Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. se llevaron el 93,11% de las adjudicaciones, por más de $30.337 millones.
En este escenario, Grant quedó señalado como ejecutor directo de los movimientos administrativos que habilitaron la maniobra, siempre bajo las órdenes de Garbellini y Atchabahian, según sospecha el expediente.
Los allanamientos también sumaron otra pieza al rompecabezas: el nombre de Grant apareció anotado en un cuaderno secuestrado a Calvete, bajo la referencia “llamar” y la frase “Roger por precios”. Además, se detectó un diálogo entre Calvete y la exfuncionaria Lorena Di Giorno, donde consultaba qué elementos le habían incautado al coordinador durante el operativo.
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