Sin intervención estatal, el gas queda librado al mercado y suben las tarifas

La política energética del Gobierno suma un nuevo giro con el objetivo de trasladar con mayor rapidez las variaciones de costos a las facturas de gas. La secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que avanzan modificaciones regulatorias para achicar los plazos actuales y permitir que los incrementos impacten casi de manera inmediata en los usuarios.

El anuncio llegó durante el Midstream & Gas Day 2026, en un contexto marcado por subas tarifarias, quita de subsidios y un creciente peso de los servicios públicos sobre los ingresos. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, en mayo una familia sin subsidios afrontó una factura promedio de $71.732, mientras que quienes reciben asistencia pagaron cerca de $52.040. En el segmento de mayores ingresos, el monto rondó los $49.972.

La funcionaria explicó que el esquema actual permite compensar diferencias de costos dos veces al año, pero el Gobierno busca modificar ese mecanismo. «Había unas reglas de las diferencias diarias dos veces al año y lo que estamos trabajando es cambiar ese punto de la distribución para que esas diferencias diarias se trasladen con más periodicidad, que esas diferencias diarias se trasladen más prontamente», sostuvo.

El cambio implica que las variaciones en costos de abastecimiento, importaciones o funcionamiento del sistema llegarán más rápido a las boletas. Consultada sobre quién asumirá ese impacto, Tettamanti fue directa: «Sí, el usuario lo va a terminar pagando, pero con menos estacionalidad entre invierno y verano».

Desde el oficialismo argumentan que esta dinámica permitirá evitar picos de aumentos concentrados en los meses de mayor consumo. Sin embargo, en la práctica, cualquier incremento tendrá una vía más corta para reflejarse en el bolsillo de los usuarios.

Mercado como único regulador

Las definiciones también dejan en claro el enfoque del Gobierno respecto al rol estatal. Durante su exposición, la secretaria insistió en que los precios deben surgir exclusivamente de la competencia.

«El Estado no tiene que digitar los precios del gas, tiene que valer lo que diga el mercado», afirmó. Luego profundizó esa postura: «el precio del gas es el que tiene que ser» y agregó: «Yo no puedo decir ‘el gas tiene que valer esto’, tenemos que hacer que las reglas sean lo más claras posibles y lo más competitivas posibles para que los precios surjan de dicha competencia».

En la misma línea, remarcó: «El Estado no tiene que digitar los precios. Yo no puedo decir lo que vale. El mercado es el que dice lo que tiene valer. Lo que hay que hacer es que el precio sea el que el mercado defina en competencia».

Este planteo marca una ruptura con el modelo que predominó en las últimas décadas, cuando la energía se consideraba un insumo estratégico y el Estado intervenía con subsidios y regulaciones para amortiguar los efectos de las subas internacionales.

Facturas en alza y mayor presión sobre los ingresos

El informe del IIEP también reflejó que en mayo el cargo fijo subió 4% y el variable 3,3%, aunque el salto más fuerte estuvo vinculado al aumento del consumo por la llegada del frío. Entre abril y mayo, la demanda prácticamente se duplicó y empujó la factura final a un incremento del 53,3% en apenas un mes.

«El componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año», señaló el estudio.

La dinámica se da en un escenario donde los salarios todavía corren por detrás de la inflación acumulada, lo que amplifica el impacto de los servicios en la economía doméstica.

Cambios en subsidios y gasto público

El trabajo también muestra una reconfiguración en las cuentas energéticas del Estado. Mientras las transferencias a ENARSA crecieron con fuerza —282% nominal y 211% real—, el Plan Gas.Ar registró una caída del 18% nominal y del 37% real.

En paralelo, el Fondo Fiduciario para el consumo de gas aumentó 223% nominal y 150% real, lo que evidencia un reordenamiento del esquema de financiamiento del sistema.

Actualmente, los usuarios cubren el 74% del costo del abastecimiento, mientras que el Estado aporta el 26%. Aun así, la tendencia marca una reducción progresiva de la asistencia.

La estructura de las boletas también refleja ese proceso. En los hogares sin subsidios, el 47% corresponde al precio del gas, el 31% a distribución y el 22% a impuestos. En los usuarios con ayuda estatal, el peso del gas baja al 27%, pero los otros componentes ganan participación en el total.

Con este nuevo esquema en marcha, el Gobierno avanza en un modelo donde los precios energéticos quedan atados al mercado y los usuarios absorben con mayor rapidez cualquier variación de costos.