La Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) confirmó este miércoles que, tras las auditorías realizadas durante los últimos 13 meses, se dejaron de otorgar 111.463 pensiones por invalidez. El dato fue detallado por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y generó fuertes críticas de abogados y organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad.
Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtió: «Es un número que de lo único que habla es de la intención pura y dura de recortar, un indicador de que sólo interesan las cifras y no las personas y el ejercicio de sus derechos».
Auditorías y bloqueos: el impacto sobre derechos básicos
El informe oficial señala que las auditorías incluyeron desfinanciamiento, suspensión de apoyos y criterios restrictivos que limitaron el acceso a prestaciones esenciales. Estas medidas se aplicaron mientras el Gobierno frenaba la Ley de Emergencia en Discapacidad y promovía estigmatización sobre este colectivo.
«No está pensado el proceso desde el punto de vista de las garantías y de las obligaciones que en virtud de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del pacto de Costa Rica (la Convención Americana de Derechos Humanos), asumió el Estado argentino», advirtió Suleiman, al cuestionar la falta de facilidades para que los beneficiarios puedan defender sus derechos ante las auditorías.
Francos, por su parte, responsabilizó a los beneficiarios por las suspensiones, alegando que se debieron a la «no asistencia al turno» o a que no pudieron ser notificados «por razones imputables al beneficiario».
Para Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente por la Discapacidad, «las auditorías fueron una mera justificación porque ya estaba previsto en el presupuesto nacional la meta de dar de baja 270 mil pensiones». Molero advirtió que el Gobierno concentró sus esfuerzos en las auditorías, y no en promover políticas integrales de inclusión: «Desde que comenzaron con la estigmatización de las personas con discapacidad, se fue profundizando. Allí centro solamente su tarea el Gobierno, no en una cuestión integral de promover la temática de la discapacidad».
Campaña de difamación y discusión política
Paralelamente, funcionarios desplegaron una campaña mediática usando términos como «irregularidades» y mencionando supuestos curros, a pesar de que todos los beneficiarios contaban con estudios y diagnósticos clínicos que justificaban sus pensiones.
Francos justificó la regulación de las pensiones afirmando: «Es increíble ver cómo se han incrementado durante el período de 20 años que gobernó el país el kirchnerismo, O creció mucho la discapacidad en la argentina o se utilizaron las pensiones para beneficiar políticamente a algunos municipios».
Suleiman cuestionó el enfoque del Gobierno: «Si ese número se presenta como victoria es porque entonces hubo un combate, ¿cuál es la disputa real? Nadie en su sano juicio va a negar que podría haber pensiones indebidamente otorgadas. Pero eso no puede llevar a teñir a todo el colectivo de personas que reciben pensiones como si fueran aprovechadores».
Actualmente, se analiza la situación de otras 418.374 pensiones, mientras organizaciones y expertos alertan que estos recortes dejan a miles de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión.
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