«Si le cobramos los impuestos a Mercado Libre, a la UBA se la puede financiar y sobra la plata»: el contundente reclamo de Emiliano Cagnacci

El sistema universitario nacional y en particular la Universidad de Buenos Aires (UBA) atraviesan una crisis inédita provocada por el incumplimiento de las normativas de financiamiento, la desactualización salarial frente a la inflación y la paralización de partidas destinadas al funcionamiento básico. El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, detalló los retrasos del Gobierno nacional en la aplicación de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la drástica reducción de cargos docentes experimentada en los últimos dos años y medio. En el stream de Deuda Prometida, el trabajador de la educación comparó los recursos que el Estado retiene a las Casas de Altos Estudios con los millonarios beneficios fiscales otorgados a grandes empresas privadas, desmintiendo de manera categórica las versiones oficiales sobre el gasto en estudiantes extranjeros e infraestructura.

El estado del conflicto salarial en las facultades requiere una urgente actualización de los montos percibidos por los docentes y no docentes para recomponer el poder adquisitivo perdido desde fines de 2023. Cagnacci explicó el estado de los reclamos salariales e indicó que «lo que falta es una recomposición del 30% porque la ley establece y la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema exige que los salarios tengan el valor de diciembre del 2023». El fallo judicial ratifica plenamente el carácter prioritario de estos haberes, por lo que Cagnacci destacó que «en la cautelar los jueces dicen que el salario tiene carácter alimentario». No obstante, la inacción de los funcionarios para acatar estas resoluciones genera profunda alarma en el sector académico, llevando al dirigente sindical a remarcar que «vemos con preocupación esta decisión política del gobierno de desobedecer una ley».

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La pasividad del Poder Judicial frente al desobedecimiento explícito del Poder Ejecutivo constituye uno de los puntos más críticos denunciados por la representación gremial universitaria. Al evaluar la inacción de los tribunales competentes a dos meses del dictamen del máximo tribunal, Cagnacci afirmó que «vemos con preocupación una justicia que parece mirar para otro lado, que genera cautelares y sin embargo todavía no pasa nada». La situación resulta particularmente grave en las partidas adeudadas a los centros médicos dependientes de las universidades nacionales. Refiriéndose a las actas paritarias suscriptas por el propio Ministerio de Capital Humano, Cagnacci puntualizó que «de esa partida de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios que el propio gobierno firma el 10 de junio, no puso un peso».

La contraposición entre el recorte aplicado a la educación pública y los beneficios fiscales otorgados a corporaciones privadas refleja las verdaderas prioridades de la política económica nacional. Cagnacci ilustró esta asimetría con datos concretos del presupuesto y las exenciones Impositivas concedidas durante el último ejercicio. En ese sentido, el secretario general de ADUBA reveló que «las exenciones impositivas que no se le cobró a una sola empresa durante el año pasado fueron 140.000 millones de pesos, y esa empresa es Mercado Libre». Tras comparar dicha cifra con los 80.000 millones asignados a todo el sistema nacional de salud universitaria, Cagnacci remarcó con firmeza que «si le empezamos a cobrar a Mercado Libre los impuestos que tiene que pagar, a la UBA se la puede financiar y sobra la plata».

Las proyecciones trazadas por el Ministerio de Economía para el Presupuesto 2027 consolidan la mayor contracción histórica de recursos destinados a la ciencia y la educación superior desde 1983. Analizando la partida enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, Cagnacci denunció que «el presupuesto que presentan prevé una inversión para todo el sistema universitario de 0,7% del PBI, que es el presupuesto más bajo de la vuelta de la democracia para acá». Esta asfixia económica ya ha generado un éxodo masivo de profesionales y un deterioro significativo del plantel docente. Citando mediciones oficiales del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Cagnacci destacó que «en estos dos años y medio del gobierno de Javier Milei se perdieron 10.000 cargos docentes en todo el sistema universitario».

La degradación del empleo profesional en las facultades ha llevado a los trabajadores de la educación a buscar ingresos alternativos mediante empleos precarizados en plataformas digitales. Cagnacci describió esta dura realidad cotidiana al sostener que «estamos en un proceso de lo que hoy se llama uberización en cuanto al trabajo», donde los nodocentes y docentes deben buscar segundas tareas para cubrir la canasta básica. Del mismo modo, cuestionó que las Becas Progresar se mantengan congeladas en $35.000, una cifra insuficiente para la subsistencia estudiantil. Por último, el dirigente desmintió los discursos oficiales sobre el supuesto costo que representan los alumnos extranjeros en las aulas, al destacar que representan solo el 6,1% del total en la UBA y concluyó que el Gobierno utiliza esos datos porque «ensucian la discusión real de fondo que es una decisión política de no financiar el sistema universitario».

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