El Senado volvió a convertirse en un obstáculo para el Gobierno. La sesión de este jueves terminó sin avances sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye modificaciones vinculadas a la venta de tierras a extranjeros, luego de que el oficialismo reconociera que no reunía los apoyos necesarios para aprobar la iniciativa.
La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió un cuarto intermedio que fue concedido por la vicepresidenta Victoria Villarruel. De esta manera, el tratamiento del proyecto quedó postergado hasta agosto, mientras el Gobierno busca reconstruir consensos para intentar aprobar la propuesta.
La falta de respaldo de sectores aliados complicó los planes de La Libertad Avanza. Las ausencias de Carlos «Camau» Espínola y de las senadoras chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina redujeron el margen del oficialismo, que tampoco logró sumar el acompañamiento de los representantes misioneros, los integrantes del bloque Convicción Federal ni de los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama.
El artículo referido a la extranjerización de tierras se convirtió en el principal foco de conflicto durante la negociación parlamentaria. Según trascendió, el texto acumuló al menos 15 modificaciones desde su presentación original debido a la falta de consenso entre los distintos bloques.
En la Casa Rosada también hubo cuestionamientos internos por la estrategia legislativa. De acuerdo con versiones difundidas desde el oficialismo, responsabilizaron a Bullrich por impulsar la discusión sin contar con los apoyos necesarios. «Bullrich se tiró a la pileta y no tenía los votos», señalaron fuentes citadas por LPO.
Mientras la sesión ya estaba en marcha y crecían las versiones sobre una nueva derrota parlamentaria, Santiago Caputo se comunicó con la senadora para ofrecer colaboración. En ese contexto también surgió la posibilidad de devolver el proyecto a comisión para continuar las negociaciones, aunque finalmente el oficialismo optó por solicitar un cuarto intermedio.
La decisión fue recibida con satisfacción por los bloques opositores, que interpretaron la suspensión del debate como un nuevo revés legislativo para el Gobierno y para el proyecto impulsado por el oficialismo.
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