La tensión entre el PRO y la presidencia de la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo tras el acuerdo que habilitó el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación. En el macrismo avanzan con una presentación judicial para frenar las designaciones y sostienen que el procedimiento viola la Constitución, al tiempo que anuncian un cambio de estrategia legislativa que impacta de lleno en el quórum.
Según fuentes partidarias, los equipos legales del PRO trabajan en una denuncia para que la Justicia declare inválida la votación que permitió nombrar a los nuevos auditores. El foco del planteo apunta al modo en que Martín Menem habilitó el tratamiento del tema durante el período de sesiones extraordinarias, fuera del temario enviado por el Poder Ejecutivo.
La definición se tomó durante una jornada marcada por cruces y reproches en el recinto. Pese a los cuestionamientos de distintos bloques, el titular de la Cámara avanzó con la votación y luego tomó juramento a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Caletti, lo que dejó afuera del reparto a espacios como el PRO, la UCR, Provincias Unidas y la izquierda.
Antes de que se activara la moción, el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, dejó sentada su oposición y anticipó el camino judicial. “No se puede tratar. ¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara para esto? No es de competencia porque no está citada por el Ejecutivo”, sostuvo en el recinto, en referencia a la convocatoria firmada por Javier Milei.
Ritondo reforzó su postura con argumentos constitucionales y leyó un texto atribuido a asesores del propio oficialismo. “La AGN es un órgano de control externo cuya función excede el funcionamiento interno del Congreso”, afirmó, y concluyó: “No se puede tratar, es anticonstitucional”.
Desde el entorno de Menem responden que la Auditoría forma parte del esquema de funcionamiento del Poder Legislativo, aunque esa interpretación no logró desactivar la ofensiva opositora. Incluso, dentro del PRO circula la posibilidad de ampliar la denuncia por abuso de autoridad, una alternativa que por ahora queda en evaluación.
Más allá del frente judicial, el conflicto reordena la dinámica parlamentaria. En el bloque amarillo aseguran que dejarán de colaborar con el quórum y que el oficialismo deberá reunir los números por su cuenta. “Que busque quórum con sus aliados los gobernadores peronistas del Norte”, deslizan.
La advertencia no resulta menor: en el propio PRO recuerdan que a Menem le costó reunir voluntades en sesiones anteriores y que recién alcanzó el quórum con apoyos externos. Con la relación política dañada, el escenario en Diputados se encamina a una etapa de mayor fragilidad y negociaciones más complejas.
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