El bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió este martes dictámenes de mayoría en la comisión de juicio político para avanzar en el proceso a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Se los acusa «de mal desempeño de sus funciones» en las causas por la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, los fallos de coparticipación y de la ley del 2×1 en favor de represores, y el manejo de la obra social del Poder Judicial.
La firma de los despachos impulsados por el oficialismo se produce a 12 días de la asunción del presidente electo Javier Milei, que rechaza el proceso de juicio político a los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.
Los cuatro dictámenes de mayoría fueron firmados por los 16 miembros del Frente de Todos. En tanto, los 14 diputados de Juntos por el Cambio presentaron despachos de rechazo a esos pedidos de enjuiciamiento y lo mismo hizo el representante de Consenso Federal Alejandro «Topo» Rodriguez.
Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un resumen del proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones y dijo que se elaboró un dictamen por cada juez acusado.
Gaillard precisó que se realizaron 26 reuniones desde que se abrió el proceso de apertura a prueba «en la cual prestaron testimonio 65 testigos». Y aseveró que «las audiencias fueron públicas y transmitidas por el canal de la Cámara de Diputados».
El dictamen de mayoria fue firmado por Gaillard, Ricardo Herrera, Itai Hagman, Monica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdes, Hugo Yasky y Carolina Yutrovic.
La conformación del FdT en la comisión fue modificada en los últimos días y hoy se incorporaron en la última reunión de éste organismo Macha, Hagman, Paula Pennaca, Selva, Mastaler y Yutrovic.
Las modificaciones fueron defendidos por el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, quien señaló que «nosotros hicimos seis cambios y ustedes (JxC) cinco» desde que se inicio el proceso de juicio político. Y dijo que «39 diputados de mi bloque trabajaron» en toda la instancia del trabajo realizado desde enero.
Al argumentar a favor del juicio político, el diputado del FdT Leopoldo Moreau negó que el juicio político se haya impulsado como un acto «supuestamente arbitrario, revanchista o de carácter vinculado a generar desprestigio en una institución como la Corte Suprema de Justicia».
El Frente de Todos pidió en la causa sobre coparticipación el enjuiciamiento de los cuatro miembros del tribunal. Aunque sumó otros argumentos en la acusación contra el presidente de la Corte Rosatti por no haberse excusado para «evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad», respecto a los vínculos de «íntima confianza» del Director General de la Vocalía, Silvio Robles, con el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, Marcelo D’Alessandro, que «exhibirían actitudes incompatibles con la dignidad del cargo que contribuirían al desprestigio del Poder Judicial».
También se lo objeta por «no haber ordenado la sustanciación de investigación sumaria» para «esclarecer hechos que le atribuirían supuesto tráfico de influencias que contribuirían al desprestigio del tribunal».
Y «haber dictado una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitiendo la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia, Horacio Rodríguez Larreta».
En la causa de la derogación del Consejo de la Magistratura, el FdT pidió el juicio político de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda por considerar que esos magistrados se han «atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución» y «apropiado de funciones que la reforma constitucional le había quitado».
También acusó a los ministros del tribunal de haber «manejado discrecional y arbitrariamente los tiempos de una causa judicial», interrumpir «el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura» y dictar «una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura».
En la causa del fallo del 2×1 en favor de represores, el FdT acusa de mal desempeño a Rosenkrantz por haber «retenido en su vocalía, durante el trámite del caso «Muiña», la causa «Schiffrin», mientras se hallaba en trámite el amparo que había presentado la Dra. (Elena) Highton de Nolasco, para conservar su cargo como jueza de la CSJN, y al juez Horacio Daniel Rosatti se le reprocha haber consentido esta maniobra».
Sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, el FdT argumentó: «Surgen una serie de conductas y actos irregulares en el ejercicio de la supervisión durante el periodo investigado, comprendido entre abril de 2008 a septiembre de 2021».
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