El caso de la médica salteña detenida por garantizar el derecho a una interrupción legal del embarazo dejó ver qué sucede con la IVE en algunas regiones más conservadoras del país. Cuando por ley no pueden pasar más de diez días, en Salta demoran hasta 4 semanas en dar turnos y una de cada cuatro personas gestantes llamó al 0800-222-3444, línea del Ministerio de Salud para recibir información y denunciar irregularidades sobre la interrupción del embarazo.
A fines de agosto una mujer de 21 años viajó desde Salvador Mazza a Tartagal para poder abortar. Llegó al hospital Juan Domingo Perón y la atendió Miranda Ruiz, la única médica disponible en la región para esa práctica. Ella garantizó el cumplimiento del derecho al aborto no punible por causales.
La mujer estaba embarazada de 22 semanas y la intervención se hizo por encontrarse en peligro su salud, una de las contemplaciones dentro del Código Penal desde 1921. Este sigue vigente incluso después de la sanción de la ley 27.610 que habilitó el aborto voluntario en todo el territorio nacional.
Una semana después, el viernes pasado, la médica fue detenida. Lo ordenó el juez de garantías Fernando Mariscal Astigueta por pedido del fiscal Gonzalo Ariel Vega de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.
La detención de Miranda Ruiz se dio por garantizar la ILE, por hacer efectiva una ley que rige hace más de 100 años: la interrupción legal del embarazo. Fue liberada el mismo día de su detención por la tarde, gracias a la lucha feminista y las acciones sociales realizadas en todo el país.
Si bien la ley de IVE pone límite en la semana 14 y contempla lo mismo respecto a las causales, desde 1921 la ILE no cuenta con una fecha máxima para requerirlo. La médica practicó entonces un aborto que se enmarcaba en esta segunda norma, por lo que avanzó en la justicia una denuncia que carecía de sustento legal.
“La única intención que se persiguió fue la de generar un disciplinamiento”, enfatizó Ruiz a Página 12, profesional que también trabaja territorialmente para mejorar la salud de la población wichí. Adicional al proceso judicial, la joven sanitarista debió enfrentar embestidas mediáticas que buscan demonizarla.
Esto se dio en el marco de que en tres meses se cumple un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo. Además de focos de resistencia judicial y mediáticos, para que se garantice la IVE en todo el país aún se requieren de más equipos interdisciplinarios, espacios hospitalarios respetuosos, AMEU en el primer nivel de atención, advierten desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
La alarma feminista continúa encendida en todo el país. Por cualquier irregularidad y pedido de información la línea del Ministerio de Salud de la Nación, anónima y gratuita, es: 0800-222-3444. También ofrecen acompañamiento y todo lo necesario para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo las Socorristas en Red: https://socorristasenred.org/
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