Rutas destrozadas: Caputo se quedó con más de $1,5 billones mientras crecen los accidentes

El Gobierno de Javier Milei mantiene sin ejecutar una porción millonaria de los fondos que deberían financiar el mantenimiento y la recuperación de las rutas nacionales. Entre 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (SisVial) recibió alrededor de $1,5 billones provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), pero apenas $394.406 millones terminaron destinados a obras.

La diferencia supera el billón de pesos y, de acuerdo con una reconstrucción basada en documentación oficial y balances contables, permaneció colocada en instrumentos financieros. El mecanismo transformó recursos con asignación específica para infraestructura vial en una fuente de financiamiento para el Tesoro.

El dinero para las rutas terminó en inversiones financieras

El ICL establece una asignación determinada para obras de construcción, rehabilitación y conservación de la red vial nacional. Esos recursos ingresan al SisVial, un fideicomiso cuyo fiduciario es el Banco Nación y que funciona bajo instrucciones del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Desde el inicio de la gestión de Milei, la ejecución de esos fondos alcanzó apenas el 26,2%, mientras que la subejecución llegó al 73,8%.

La estrategia financiera también cambió con el tiempo. Inicialmente, la mayor parte del dinero estaba depositada en plazos fijos del Banco Nación. Hacia finales de 2025, en cambio, la cartera pasó a estar concentrada en letras del Tesoro.

Un exfuncionario del Banco de Inversión y Comercio Exterior cuestionó ese esquema y lo comparó con una «mesa de dinero», en un contexto en el que las obras viales permanecen paralizadas y los fondos generan rendimientos financieros.

Siete de cada diez rutas están deterioradas

La falta de inversión coincide con un escenario crítico para la infraestructura vial. Según el último relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), aproximadamente el 70% de las rutas nacionales presenta condiciones regulares o malas.

El deterioro también aparece vinculado a una sucesión de accidentes graves registrados en distintos puntos del país. Entre los corredores donde se produjeron choques y vuelcos fatales aparecen las rutas 127, en Entre Ríos; 11, en Santa Fe; 9, a la altura de Humahuaca; y 16, en Chaco.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la ruta 151, en Río Negro, un corredor estratégico para el traslado de la producción de Vaca Muerta. El estado de la calzada obliga a los transportistas a reducir considerablemente la velocidad y esquivar pozos de gran tamaño.

La preocupación también alcanzó a los gobernadores. Desde distintas provincias reclamaron por el abandono de los corredores nacionales y advirtieron sobre las dificultades que genera la falta de mantenimiento.

Ravier no explicó dónde está colocado el dinero

La situación quedó expuesta también durante una conferencia en la que el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado por el destino de los fondos del fideicomiso.

Ante la pregunta sobre los instrumentos financieros en los que están colocados los recursos y sobre cuándo llegarán a las rutas, el funcionario no brindó precisiones.

EL VOCERO SE HIZO EL SOTA?? ¿Para qué pagamos impuestos entonces??

El colega @PabloV80 le preguntó por el impuesto que pagamos todos para mejorar las rutas pero Caputo se los encanuta. Por culpa de eso murieron decenas de argentinos y los transportes son más caros desde 2023. pic.twitter.com/OKLD9hzwud

— Ezequiel Orlando ⭐️⭐️⭐️ (@ZetaOrlando) August 11, 2026

Ravier defendió, en cambio, el nuevo esquema diseñado por la administración libertaria, que contempla concesiones privadas, transferencia de determinados tramos a las provincias y provisión de materiales para tareas de bacheo con financiamiento del Tesoro.

El vocero también atribuyó las dificultades iniciales a la situación fiscal recibida por la actual administración en 2023. Sin embargo, la explicación deja pendiente el motivo por el cual la baja ejecución continúa incluso después de que el Gobierno alcanzara el superávit fiscal.

Privatización de rutas y contratos por 20 años

Frente al deterioro de la infraestructura, la Casa Rosada impulsa un esquema de concesiones que contempla contratos de hasta dos décadas.

Los trabajadores de Vialidad Nacional cuestionan el modelo y advierten que podría representar un negocio de bajo riesgo para las empresas privadas. Según plantean, las inversiones estructurales de mayor magnitud no llegarían hasta varios años después del inicio de las concesiones.

Además, señalan que el Estado nacional conservaría una participación importante a través del financiamiento y las garantías necesarias para que los concesionarios accedan al crédito.

Especialistas en administración financiera pública también remarcaron que la ausencia de una ley de presupuesto durante 2024 y 2025 incrementó el margen de discrecionalidad del Ejecutivo sobre los fondos fiduciarios y dificultó el control sobre el destino de los recursos.

Constructoras esperan cobrar deudas acumuladas

La crisis de la obra pública también alcanza a las empresas contratistas que arrastran pagos pendientes desde 2022.

El Estado habilitó un registro para que las constructoras puedan reclamar esas acreencias y cobrar una parte mediante bonos. El mecanismo contempla un límite de hasta $220 mil millones.

Desde el sector privado valoraron la posibilidad de recibir los títulos frente a la alternativa de continuar sin cobrar, aunque plantearon dudas sobre si el monto previsto alcanzará para cubrir el total de las deudas acumuladas.

Así, mientras las rutas nacionales atraviesan un marcado deterioro, los recursos recaudados específicamente para sostenerlas continúan parcialmente fuera de las obras para las que fueron establecidos.