A dos años de su implementación, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones concentra sus proyectos en hidrocarburos y minería, con una fuerte participación de grandes empresas y un volumen creciente de inversiones comprometidas. El informe del Observatorio del RIGI advierte sobre la concentración sectorial, el limitado impacto en el empleo permanente y la pérdida de capacidad del Estado para orientar esas inversiones hacia un proceso de industrialización y desarrollo.
El observatorio del RIGI es una iniciativa colaborativa entre organizaciones de la sociedad civil y la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Fue lanzado en agosto de 2025 y las organizaciones que lo integran son FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), TNI (Transnational Institute), ETFE (Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad), CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo) y la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Su objetivo es monitorear el RIGI desde cuatro dimensiones: proyectos e inversiones; impacto fiscal y tributario; conflictos y resistencias territoriales; e impactos socioambientales.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI, creado en julio de 2024 mediante la Ley 27.742 como uno de los pilares de la estrategia económica del gobierno de Javier Milei establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares en sectores considerados estratégicos. A dos años de su creación, el balance que surge del informe Radiografía del RIGI muestra que el régimen terminó concentrándose especialmente en actividades extractivas, principalmente hidrocarburos y minería.
Según el relevamiento, existen 40 proyectos presentados ante el Ministerio de Economía que comprometen en conjunto 138.087 millones de dólares. Durante el primer año la incorporación de proyectos fue gradual y la inversión comprometida había alcanzado los 68.000 millones de dólares. El cambio de escala se produjo especialmente desde el último trimestre de 2025 y durante el primer semestre de 2026. Pero detrás del salto hay un dato determinante. El crecimiento estuvo asociado principalmente a la incorporación, a partir del Decreto 105/2026, de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, conocidos como upstream. El decreto también prorrogó el plazo de adhesión al régimen hasta julio de 2027 y flexibilizó las condiciones para ampliaciones de proyectos ya incorporados.
De este modo, una parte sustancial del crecimiento del RIGI se explica por la incorporación de grandes proyectos petroleros vinculados con Vaca Muerta. El informe plantea que, sin esos proyectos, el crecimiento reciente habría sido considerablemente menor y el régimen habría mostrado un claro estancamiento en la captación de nuevas inversiones.
Una inversión cada vez más concentrada
La composición de las inversiones permite observar hasta qué punto el RIGI está asociado a un conjunto reducido de grandes compañías. Entre las principales empresas aparecen YPF, Glencore, Chevron, Pluspetrol, Pampa Energía y Rio Tinto. Las seis concentran el 64% de la inversión comprometida dentro del régimen.
YPF encabeza el listado con 28.777 millones de dólares, equivalente al 20,8% del total. Le siguen Glencore, con 18.299 millones; Chevron, con 14.214 millones; Pluspetrol, con 12.654 millones; Pampa Energía, con 10.379 millones; y Rio Tinto, con 4.655 millones.
La concentración también se observa desde el punto de vista sectorial. Los hidrocarburos y la minería de cobre y litio ocupan un lugar predominante. En el caso del litio, el informe identifica 11 proyectos que comprometen alrededor de 14.500 millones de dólares, el 10,5% del total, concentrados en Catamarca, Salta y Jujuy. Entre las empresas involucradas aparecen Rio Tinto, POSCO, Galan Lithium y Ganfeng Lithium.
El resultado es una estructura de inversiones orientada principalmente a la extracción de recursos naturales. El interrogante económico que plantea el informe no es solamente cuánto dinero ingresa o se compromete, sino qué queda en el país como consecuencia de esas inversiones.
El Observatorio advierte que el RIGI carece de instrumentos específicos orientados a transformar esas inversiones en un proceso más amplio de industrialización, desarrollo de proveedores, innovación tecnológica y agregado de valor.
Es decir, el debate no pasa solamente por la magnitud de las inversiones anunciadas. También involucra su composición, sus efectos sobre la estructura productiva y la capacidad del Estado para orientar el proceso.
El impacto sobre el empleo
Otro de los puntos centrales del informe es el empleo. La magnitud de las inversiones comprometidas no se traduce automáticamente en una cantidad equivalente de puestos de trabajo permanentes.
El predominio de actividades extractivas genera, según el Observatorio, fuertes expectativas y un dinamismo económico transitorio en los territorios donde se desarrollan los proyectos. Pero el régimen no incorpora instrumentos específicos para gestionar la posterior reducción del empleo.
La advertencia es particularmente relevante para las economías provinciales. La expansión de actividades extractivas puede convivir con procesos de estancamiento e incluso de destrucción del empleo en los propios territorios donde se desarrollan las inversiones.
La discusión, entonces, excede la llegada de capitales y alcanza a la capacidad de esas inversiones para generar un entramado económico que sobreviva a los ciclos propios de los proyectos extractivos.
El costo y la capacidad del Estado
El otro aspecto que atraviesa el análisis es el fiscal. El RIGI establece beneficios extraordinarios en materia tributaria, aduanera y cambiaria y otorga condiciones de estabilidad durante tres décadas para los proyectos adheridos.
Desde la perspectiva planteada por el informe, esa arquitectura modifica el papel del Estado. En lugar de contar con herramientas para orientar las inversiones de acuerdo con objetivos de desarrollo, el Estado garantiza condiciones de estabilidad, reducción de impuestos y beneficios para las grandes empresas que ingresan al régimen.
La pregunta fiscal, por lo tanto, no se reduce a cuánto recauda el Estado en un determinado momento. También involucra qué capacidad conserva para modificar las condiciones del régimen, orientar la inversión y capturar una parte de la renta generada por recursos estratégicos.
El informe sostiene que el régimen establece pocas contraprestaciones vinculadas al desarrollo nacional. La preocupación central es que los beneficios otorgados no estén acompañados por mecanismos suficientes para garantizar que las inversiones se traduzcan en una transformación de la estructura productiva argentina.
El financiamiento también está concentrado
Detrás de los grandes anuncios de inversión aparece otra dimensión económica: el financiamiento. El relevamiento identifica al menos 18 empresas vinculadas con los Vehículos de Proyecto Único presentados al RIGI que registran deudas en el sistema bancario local. Banco Nación, ICBC, Galicia, Citibank, BBVA y Santander aparecen entre los principales acreedores de las compañías analizadas.
La exposición no se limita a los créditos bancarios. También incluye la adquisición de Obligaciones Negociables y los préstamos sindicados internacionales utilizados por los proyectos de mayor escala.
El caso de Vaca Muerta permite observar esta estructura con claridad. El proyecto VMOS —uno de los emprendimientos de mayor escala vinculados al RIGI— tiene como objetivo ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo. El oleoducto proyectado tiene 437 kilómetros y una capacidad de transporte de hasta 550.000 barriles diarios hacia una nueva terminal de exportación en el Golfo San Matías.
La propiedad de VMOS está distribuida entre YPF, Shell Argentina, Pampa Energía, Vista Energy, Pluspetrol y Chevron Argentina. Su estructura financiera combina financiamiento externo mediante un préstamo sindicado internacional, aportes de capital de las empresas socias y endeudamiento bancario local.
Esto genera una red de exposición financiera que excede a las empresas directamente involucradas en cada proyecto. Bancos y entidades financieras quedan vinculados al desempeño futuro de la expansión hidrocarburífera.
La paradoja de los compromisos climáticos
El financiamiento de estos proyectos plantea además una tensión entre las políticas de sostenibilidad de las entidades financieras y las actividades que efectivamente financian.
Los bancos analizados asumieron compromisos de sostenibilidad y descarbonización, incluyendo metas de neutralidad de carbono hacia 2050 y adhesión a iniciativas internacionales destinadas a medir y reducir las emisiones asociadas a sus carteras. Sin embargo, una parte significativa de su financiamiento en Argentina continúa dirigida hacia actividades extractivas y, particularmente, hacia la expansión de los hidrocarburos.
En el caso de VMOS, esa tensión aparece de manera concreta: mientras las entidades financieras se comprometen a reducir las emisiones financiadas, participan al mismo tiempo de una infraestructura destinada a aumentar durante las próximas décadas la producción y exportación de petróleo de Vaca Muerta.
Qué deja el RIGI
A dos años de su creación, el RIGI exhibe una cartera de inversiones de gran magnitud, pero fuertemente orientada hacia las actividades extractivas. El régimen concentra proyectos en hidrocarburos, cobre y litio y una parte significativa de la inversión comprometida está en manos de un grupo reducido de grandes empresas.
El volumen de dólares anunciado es, por sí mismo, un dato relevante. Pero no alcanza para medir el impacto económico del régimen. La pregunta de fondo es qué parte de ese proceso se transforma en empleo permanente, desarrollo de proveedores, industrialización, innovación tecnológica y agregado de valor dentro de la Argentina.
También está la cuestión fiscal: cuánto resigna el Estado en beneficios y estabilidad y qué capacidad conserva para orientar esas inversiones de acuerdo con objetivos de desarrollo nacional.
El informe del Observatorio coloca así el debate en un punto diferente del que suele ocupar el centro de la discusión pública. No se trata solamente de contabilizar inversiones comprometidas, sino de analizar qué modelo productivo se consolida detrás de ellas.
El RIGI puede mostrar una cifra creciente de inversiones y, al mismo tiempo, una economía cada vez más concentrada en la explotación de recursos naturales. La discusión que queda planteada es si ese volumen de capital alcanza para modificar la estructura productiva argentina o si, por el contrario, termina profundizando una matriz basada en la extracción y exportación de materias primas.
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