Reprimir las marchas de jubilados le costó al Gobierno más de $2.000 millones en un año

Mientras el Gobierno profundizó el ajuste sobre distintas áreas del Estado y enfrentó una caída de la recaudación durante 2025, destinó más de $2.000 millones a los operativos de seguridad desplegados en las movilizaciones de jubilados que se realizaron cada miércoles frente al Congreso. El dato surge de un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a partir de información oficial del Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con el relevamiento, entre enero y diciembre de 2025 se realizaron 43 operativos con participación de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval. En promedio, cada despliegue involucró a 915 efectivos y demandó un gasto de $48.535.094 únicamente en combustible y equipamiento.

El CELS aclaró que el monto representa una estimación mínima, ya que no contempla otros costos asociados, como las horas de servicio obligatorio y adicionales de los miles de agentes que participaron de los procedimientos y cuyos datos no fueron informados por la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

El equivalente a más de 5.500 jubilaciones mínimas

Según el estudio, los recursos utilizados para sostener esos operativos equivalen al pago de 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido, tomando como referencia el promedio correspondiente a ese año.

Del total informado por el Ministerio de Seguridad, alrededor de $35 millones correspondieron al combustible utilizado por los vehículos de las distintas fuerzas federales. El resto, cerca del 96%, fue registrado bajo el concepto de gastos de equipamiento de la Policía Federal, sin mayores precisiones oficiales sobre su composición.

El operativo más costoso

El informe identificó al operativo del 12 de marzo de 2025 como el de mayor magnitud. Ese día participaron 1.266 efectivos y durante la represión resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo, tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno.

Por ese hecho quedó procesado el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado de los delitos de «lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función» y «abuso de armas agravado». La investigación también busca determinar las responsabilidades dentro de la cadena de mando que ordenó el operativo.

Más de 500 personas heridas

El relevamiento del CELS señaló además que, de las 43 manifestaciones de jubilados intervenidas por fuerzas federales, 28 terminaron con represión. Las organizaciones que monitorean las protestas registraron 149 detenciones arbitrarias y 501 personas heridas por el uso de balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Entre los agentes procesados también figuran el prefecto Sebastián Martínez, acusado por el disparo que provocó la pérdida de la visión de un ojo a Jonathan Navarro; el inspector de la Policía Federal Nicolás Céspedez, imputado por las lesiones sufridas por la jubilada Beatriz Blanco; y el efectivo Cristian Rivaldi, acusado de arrojar gas pimienta a una niña de 10 años durante una de las movilizaciones.

Al presentar el informe, el CELS sostuvo: «El gobierno Nacional no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y a la protesta social. Aborda el conflicto, no como algo propio de las democracias, sino como un problema de seguridad, al que responde con un despliegue descomunal de recursos. Cada miércoles se destinan cientos de efectivos para reprimir a jubiladas, jubilados y quienes los apoyan. El reclamo es por la pauperización de sus condiciones de vida, el ajuste selectivo, la privación de alimentos, la privación de medicamentos y salud, el aumento del costo de vida».