Denuncian a la ministra Monteoliva y al policía de civil que apuntó contra manifestantes

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna por el operativo desplegado frente al Congreso durante la protesta contra el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N°1, a cargo de María Servini, y en la Fiscalía Federal N°2, conducida por Carlos Rívolo. La denuncia apunta a posibles delitos vinculados con abuso e incumplimiento de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y vejaciones o apremios ilegales.

Uno de los principales elementos que motivaron la presentación es la presencia de un integrante de la Policía Federal vestido de civil y armado durante el operativo. Dalbón señala particularmente a Gauna, quien aparece en imágenes difundidas públicamente apuntando y efectuando disparos con un arma larga.

La Justicia deberá establecer ahora si el accionar del comisario formó parte del dispositivo de seguridad diseñado por las autoridades o si se trató de una conducta individual que excedió las órdenes impartidas.

El pedido para saber quién autorizó a los agentes de civil

Más allá de la responsabilidad individual que pueda corresponderle a Gauna, la denuncia busca determinar el nivel de conocimiento y autorización que tuvieron las autoridades políticas y policiales sobre la utilización de personal vestido de civil.

En ese sentido, Dalbón solicitó al Ministerio de Seguridad que informe «si se encontraba prevista la participación de personal vestido de civil en el dispositivo de seguridad y, en caso afirmativo, cuál era la finalidad operativa de dicha modalidad, qué funcionarios o dependencias podían disponerla y qué normativa, protocolo, reglamento u orden interna regulaba su actuación, como así también si se encontraba autorizada la portación y eventual utilización de armas de fuego por parte de personal que prestara funciones vestido de civil durante manifestaciones públicas».

El requerimiento también alcanza a las distintas fuerzas federales que participaron del operativo, entre ellas la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval.

La intención es reconstruir cómo se planificó el despliegue, quiénes estuvieron a cargo de cada decisión y bajo qué órdenes actuaron los efectivos durante la jornada.

La denuncia también pone la lupa sobre los ataques a periodistas

La presentación judicial incorpora además las agresiones sufridas por trabajadores de prensa durante la represión. Dalbón remarcó especialmente el impacto que tuvo el operativo sobre periodistas, fotógrafos y camarógrafos que cubrían la manifestación.

«Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional», sostuvo el abogado en la denuncia.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) había informado que una reportera gráfica sufrió una herida en la cabeza durante los incidentes. El episodio volvió a poner en discusión el accionar de las fuerzas de seguridad contra trabajadores de prensa, luego del caso de Pablo Grillo, quien fue herido por un disparo de un efectivo de Gendarmería durante una manifestación en marzo de 2025.

Qué pruebas pidió incorporar la Justicia

Entre las medidas solicitadas, Dalbón pidió que se incorporen las cámaras de seguridad del edificio del Congreso Nacional para reconstruir el desarrollo del operativo y establecer qué ocurrió durante los momentos más violentos de la jornada.

También reclamó que declaren como testigos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y manifestantes que estuvieron presentes en el lugar.

La denuncia sostiene que la movilización había comenzado de manera pacífica y que el escenario cambió cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes.

«la concentración se desarrolló inicialmente como una manifestación pública totalmente pacífica en rechazo a la iniciativa legislativa y como expresión de disconformidad con determinadas políticas del Gobierno Nacional», señaló Dalbón, quien agregó que posteriormente «las fuerzas de seguridad comenzaron a avanzar sobre los sectores ocupados por los manifestantes».

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existieron irregularidades en la planificación y ejecución del operativo, quiénes tuvieron responsabilidad en las decisiones adoptadas y cuál fue el rol concreto de los efectivos que participaron vestidos de civil.