La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia formal contra la actual conducción de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), encabezada por su presidente, Demián Reidel. La presentación judicial señala graves irregularidades en la adjudicación de contratos que, según el gremio, evidencian un manejo discrecional y fraudulento de los fondos públicos destinados a la generación de energía nuclear en el país.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la contratación del sistema de gestión SAP S/4HANA. Según los documentos presentados, la empresa estatal pactó un pago de 7 millones de dólares por una migración de software que originalmente estaba presupuestada en apenas 600 mil dólares. Este incremento representa un salto del 1066,7% en el valor del servicio, sin que existan mejoras técnicas que justifiquen semejante erogación de divisas.
Asimismo, el conflicto se extiende a la licitación del servicio de limpieza para el Sitio CNA, donde se detectó un sobreprecio estimado del 140% en comparación con los valores históricos. El sindicato asegura que el pliego se diseñó para favorecer a la empresa LX Argentina S.A., mediante un contrato que asciende a $10.783.900.000, desplazando a proveedores actuales a través de requisitos de admisibilidad calificados como “inéditos” y restrictivos.
Detalles de la licitación y presiones internas
El proceso administrativo de la Licitación 64.001 recibió duras críticas de la propia Gerencia de Planta, que calificó el procedimiento como un acto “viciado”. Según los informes técnicos, este proceso vulnera los principios básicos de transparencia, concurrencia y eficiencia que deben regir en la administración pública. De las nueve ofertas presentadas originalmente, solo dos lograron sortear las barreras técnicas debido a exigencias de antigüedad y dotación de personal dirigidas a reducir la competencia de manera artificial.
Además de las restricciones en los pliegos, se reportó la inclusión irregular de un tercer proveedor, Limpiolux S.A., en la etapa de análisis económico. Lo llamativo del caso es que esta empresa no pasó por la evaluación técnica del sector requirente, lo que representa una anomalía grave en el protocolo de adjudicación. Esta maniobra permitió mantener en carrera a oferentes con propuestas económicas significativamente superiores a las actuales.
Camila Marina, en su rol de Administradora del Contrato, advirtió en reiteradas ocasiones que los montos ofertados no eran razonables y superaban ampliamente el presupuesto histórico. A pesar de estas alertas, la funcionaria denunció que recibió pedidos “urgentes” de sus superiores para forzar la justificación de los costos y avanzar con la adjudicación. La presión interna buscaba validar una diferencia de más de 6 mil millones de pesos respecto del servicio vigente.
Finalmente, la Gerencia de Planta manifestó su preocupación por la falta de transparencia en la comunicación de estas decisiones. El intento de avanzar con una contratación de esta magnitud, ignorando las objeciones técnicas y económicas de los responsables directos del área, refuerza la hipótesis de una licitación armada a medida de intereses externos.
Sospechas de vaciamiento y despidos en la cúpula
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, fue contundente al calificar estas maniobras como un “hecho de corrupción mayúsculo”. Para el dirigente gremial, estos sobreprecios no constituyen casos aislados, sino que forman parte de una estrategia para desviar fondos públicos hacia sectores privados bajo la apariencia de contrataciones necesarias. Aguiar también sugirió que no se puede descartar la existencia de retornos económicos detrás de estas operaciones millonarias.
Desde el gremio sospechan que el objetivo final de estas maniobras es el vaciamiento financiero de NASA. Al inflar los costos operativos de manera injustificada, se deteriora la situación contable de la empresa, lo que podría utilizarse como argumento para facilitar una posterior privatización o venta a capitales privados. Esta situación pone en riesgo no solo el patrimonio estatal, sino también la soberanía energética que representa el sector nuclear.
Como consecuencia directa de las denuncias y del escándalo interno, el Directorio de la empresa apartó de sus cargos a figuras clave de la estructura operativa. Entre los desplazados figuran el gerente general, Marcelo Famá, y el gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso. Estas remociones se produjeron en un contexto de extrema opacidad, lo que incrementa las dudas sobre la responsabilidad de la alta dirección en los procesos cuestionados.
La salida de Famá y Pantuso es vista por los trabajadores como un intento de la conducción de Reidel por “cortar el hilo por lo más delgado” ante la inminencia de las investigaciones judiciales. Sin embargo, desde ATE insisten en que las responsabilidades alcanzan a los máximos niveles del Directorio, que habrían avalado el uso de la figura de “urgencia” para saltear controles en la compra del software SAP y en la licitación del servicio de limpieza.
Conflicto gremial y seguridad en Atucha
La tensión acumulada en las plantas nucleares estalló el 5 de enero de 2026, cuando se produjo una movilización sorpresiva de trabajadores en los accesos al Sitio Atucha. La jornada estuvo marcada por la presencia de Gendarmería Nacional y la distribución de panfletos que denunciaban la corrupción de la gestión actual. Los trabajadores manifestaron su rechazo a lo que consideran un saqueo de la empresa por parte de “funcionarios que se creen impunes”.
Ante la gravedad de los hechos y el clima de hostilidad interna, el gerente de Planta, Juan Pablo Nolasco Sáenz, solicitó la intervención inmediata del Comité de Integridad de NASA. El pedido formal busca iniciar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y evaluar el comportamiento ético de los involucrados en las licitaciones bajo sospecha. Nolasco Sáenz enfatizó la necesidad de proteger la institucionalidad de la empresa frente a estas irregularidades.
Uno de los puntos más sensibles de la solicitud de intervención es la protección del personal que denunció las maniobras, como en el caso de Camila Marina. El gerente de Planta pidió garantías para evitar cualquier tipo de represalia administrativa o personal contra quienes se negaron a convalidar los sobreprecios. La seguridad psicológica de los empleados resulta vital para mantener la seguridad operativa de las centrales nucleares.
El conflicto en Nucleoeléctrica continúa abierto y con pronóstico reservado, mientras el gremio advierte que sostendrá las medidas de fuerza si no aparecen respuestas claras. La seguridad de las plantas Atucha I y II depende, en gran medida, de un entorno de trabajo transparente y libre de presiones políticas o económicas que pongan en riesgo la integridad del sistema nuclear argentino.
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