Quintela decretó la emergencia crediticia en La Rioja para proteger a familias endeudadas

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dispuso una serie de medidas para enfrentar el crecimiento del endeudamiento familiar y limitar posibles abusos en el acceso al crédito. La decisión quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 1293/2026.

La normativa establece un régimen provincial de protección para quienes toman créditos destinados al consumo y, al mismo tiempo, fija durante 180 días una emergencia económica, crediticia y social vinculada con este tipo de operaciones.

La medida apunta a intervenir en un contexto en el que el crédito se convirtió para muchas familias en una herramienta para afrontar gastos cotidianos. El acceso a préstamos y otras formas de financiamiento puede destinarse a cubrir necesidades como alimentos, medicamentos y servicios, lo que aumenta el riesgo de que los hogares acumulen obligaciones que luego no pueden afrontar.

Qué establece el DNU de Quintela

Entre las principales disposiciones, el Gobierno riojano incorporó nuevos requisitos de información para los proveedores de crédito, además de mecanismos destinados a reforzar el registro, seguimiento y fiscalización de las operaciones.

El decreto también contempla instancias de conciliación para aquellas personas que atraviesen situaciones de sobreendeudamiento. La intención es generar alternativas antes de que la acumulación de obligaciones termine afectando de manera permanente los ingresos de los hogares.

Otro de los puntos incluidos consiste en medidas transitorias para facilitar la revisión y refinanciación de deudas, especialmente en aquellos casos donde la capacidad de pago de una familia quedó desbordada.

Desde la administración provincial remarcaron que el objetivo no es eliminar las obligaciones asumidas por los consumidores ni impedir el funcionamiento de la actividad financiera. El foco está puesto en detectar y limitar situaciones vinculadas con falta de transparencia, prácticas abusivas o condiciones que no guarden relación razonable con la capacidad económica del deudor.

La protección del salario como eje

El Gobierno de La Rioja ubicó la defensa de los ingresos familiares como uno de los principales fundamentos de la iniciativa. El argumento oficial sostiene que el deterioro del poder adquisitivo puede llevar a que una deuda inicialmente manejable termine comprometiendo una parte significativa del salario.

“Cuando una familia se endeuda para sostener necesidades básicas, no puede quedar sola frente a condiciones abusivas. El Estado tiene que estar presente para proteger el salario, cuidar los ingresos familiares y garantizar que ninguna situación de necesidad sea utilizada para someter o perjudicar a las personas”, es el principio político que sostiene la medida adoptada por el Ejecutivo riojano.

Con la declaración de emergencia por seis meses, la provincia también busca abrir un debate sobre el impacto que tiene el endeudamiento de los hogares y sobre las herramientas que pueden implementar los Estados para proteger a los consumidores.