Desde el último día hábil del año, la `P`rovincia de Buenos Aires implementó una medida para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias: quienes adeuden la cuota alimentaria tienen prohibido el ingreso a casinos, bingos y salas de juego. La restricción fue establecida por la ley 15.589, de autoría del diputado provincial Germán Di Cesare, y busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La norma alcanza a las personas que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) por adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, de acuerdo con los criterios vigentes de la Justicia provincial. Esto significa que quienes acumulen esa cantidad de cuotas impagas no podrán acceder a espacios de juego bajo la jurisdicción bonaerense.
La ley impone además una responsabilidad directa a los operadores de casinos, bingos y salas de juego, quienes deberán consultar el RDAM antes de permitir el ingreso de cualquier persona. El texto legal prevé sanciones para quienes incumplan esta obligación: desde multas económicas hasta, en casos de reincidencia, la clausura temporal o definitiva del establecimiento.
“El incumplimiento alimentario no puede seguir siendo una conducta sin consecuencias. Cumplir con la cuota alimentaria es una obligación legal y una responsabilidad social indelegable”, afirmó Di Cesare al referirse a la sanción de la norma, resaltando el papel de la iniciativa como herramienta para promover el respeto de una obligación que impacta directamente en la vida de los menores.
La medida se inscribe en el marco de los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil y Comercial de la Nación, que consagran la obligación compartida de ambos progenitores de garantizar el cuidado y sustento de sus hijas e hijos. Con esta ley, la Provincia de Buenos Aires prioriza el interés superior de la infancia y crea un incentivo efectivo para que los deudores alimentarios regularicen su situación.
La implementación de la norma será seguida de cerca tanto por organismos estatales como por asociaciones de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes, que consideran este tipo de herramientas como mecanismos complementarios a las vías judiciales tradicionales para asegurar el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
En los próximos meses, la puesta en práctica de esta innovación jurídica será evaluada en su impacto real, especialmente en la cantidad de deudores que regularizan pagos ante la restricción de acceso a juegos de azar, y en la forma en que los operadores de salas de juego adaptan sus sistemas de control para cumplir con la nueva exigencia legal.
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