Qué puede hacer la Provincia ante la privatización de Nucleoeléctrica Argentina: “Intentar ponerle el precio justo”

Qué puede hacer la Provincia ante la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S. A. (NASA). En concreto, Sergio Berni plantea que la provincia de Buenos Aires discuta el valor de la compañía antes de su privatización y tenga una participación activa en el proceso. Pero el debate que el senador llevó a la comisión de Legislación General fue más allá de la normativa que impulsa. El problema no es solamente quién compra Nucleoeléctrica, sino cómo se la valora y qué activos estratégicos se están poniendo en juego.

Por un lado, el jefe de bloque de Unión por la Patria hizo referencia al valor agregado de NASA que, según sostiene, no está siendo tenido en cuenta. Así lo planteó durante su exposición en la comisión, utilizando la analogía de un terreno baldío, el cual cambia significativamente su valor cuando esa misma parcela cuenta con planos, permisos y condiciones para construir.

Y traslada esa lógica a Nucleoeléctrica: no sería lo mismo comprar una empresa que simplemente tiene un terreno que comprar una empresa con infraestructura nuclear instalada y con procesos de aprobación internacional ya atravesados.

“O sea, que aquel que quiera quedarse con Nucleoeléctrica Argentina mañana mismo puede empezar a hacer lo que quiera porque ya tiene todas las habilitaciones internacionales para llevar adelante un emprendimiento de este nivel. Por lo tanto, a la hora de tasarlo nadie está poniendo en cuenta ese valor agregado que es importantísimo”, detalló Berni en diálogo con Deuda Prometida.

Según su argumento, esos procesos de aprobación llevan entre 5 y 6 años y constituyen un valor adicional que, sostiene, debería incorporarse a la valuación y que la Provincia podría representar en el proceso. De este modo, más allá de la normativa, el planteo del senador abre un claro interrogante que constituye uno de los ejes de la discusión: ¿Qué se está vendiendo cuando se vende Nucleoeléctrica y cómo se calcula ese valor?

La discusión sobre el valor no es ajena al propio procedimiento definido por Nación. La Resolución 1751/2025, que puso en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica, instruyó a realizar un inventario de los bienes tangibles e intangibles que hacen al valor de las acciones y dispuso además la valuación del paquete accionario.

Pero la propia resolución expone una dificultad técnica: el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que sus normas le permiten tasar bienes tangibles y empresas a partir de sus activos físicos, pero no cuenta con normas específicas para valuar activos financieros o intangibles mediante un enfoque de ingresos. Por ese motivo, la valuación del paquete accionario quedó encomendada a una entidad bancaria del Sector Público Nacional.

La resolución, entonces, reconoce que existen bienes intangibles que deben ser considerados dentro del valor de NASA, pero no detalla cuáles serán ni cómo se ponderarán en la valuación final. Allí aparece el punto que Berni busca poner en discusión: no solamente cuánto vale la empresa, sino qué se considera cuando se determina ese valor.

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El valor estratégico del conocimiento nuclear argentino

Berni agrega una segunda dimensión que apunta al valor estratégico de Nucleoeléctrica y sostiene que no vale solamente por la electricidad que produce, “sino que avanza mucho más allá y tiene que ver con el desarrollo de un plan nuclear que hace que un país se posicione de manera estratégica en las discusiones geopolíticas del mundo”, planteó durante la entrevista con este medio.

Y en esa línea añadió: Tiene un valor estratégico clave para Argentina por la capacidad que tienen nuestros ingenieros nucleares de enriquecer uranio, y cuando hablamos de enriquecer uranio, estamos hablando de la capacidad de generar armamento con fines no pacíficos, que es algo que hoy se está discutiendo en el mundo”.

Berni presenta así el desarrollo nuclear nacional como un activo tecnológico y geopolítico que excede la generación eléctrica. Asoma entonces otro interrogante: ¿Qué pierde Argentina si deja de controlar un activo nuclear estratégico y qué rol puede asumir la provincia de Buenos Aires para defender esos intereses?

El rol de la Provincia como actor dentro de la privatización

En la entrevista, Berni afirmó que las centrales producen entre 8% y 12% de la electricidad que consumen los hogares y sostuvo que Nucleoeléctrica habría dejado US$ 750 millones de ganancia el año pasado. “O sea, no es una empresa deficitaria ni mucho menos”, subrayó el legislador.

El artículo 1 del proyecto establece que la representación institucional de la Provincia en el procedimiento de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina será ejercida por el Poder Ejecutivo bonaerense. Para ello, se ampara en el artículo 11 de la ley nacional N° 23.696, que establece que cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento y área de influencia en territorio provincial, el Ejecutivo Nacional debe dar participación al gobierno de esa provincia en el procedimiento.

Las Centrales Nucleares Atucha I y Atucha II y el Proyecto CAREM-25, vinculados a NASA, están radicados en Lima, partido de Zárate, constituyendo el principal asentamiento operativo y área de influencia de la empresa pública.

“Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires debe tener un lugar en la mesa de privatización para seguir de cerca el proceso licitatorio para que no pasen los robos de nuestros activos estratégicos como está pasando en este momento”, explicó Berni.

Y ejemplificó su planteo: “Ayer, por ejemplo, nos enteramos que se privatizó Transener y en el mismo momento que se privatizó los que la compraron sacaron dividendos por casi la misma plata por lo que lo compraron, o sea, le regalamos Transener a los hermanos Neuss. Lindo negocio el nuestro”.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable por mayoría en la comisión de Legislación General y aguarda ahora tratamiento en el recinto de la Cámara Alta. De aprobarse, la representación institucional de la Provincia quedará en el Poder Ejecutivo bonaerense y se creará una bicameral de cinco senadores y cinco diputados para monitorear y seguir el proceso.

Para cerrar, consultado por este medio sobre las posibilidades reales de la Provincia de intervenir si la iniciativa es aprobada en las dos cámaras y se convierte en ley, Berni fue contundente: “Y fundamentalmente que no pase lo mismo que Transener. Primero, intentar ponerle el precio justo, que es un precio tan alto, tan alto, tan alto, tan alto que no creo que lo puedan comprar empresarios que vienen a la Argentina a hacer puramente negocios”.

Aquí vale aclarar que el proyecto contempla la posibilidad de que Nación se niegue a cumplir con la participación provincial prevista en la Ley 23.696 y proceda a ejecutar la privatización de NASA sin darle a la provincia de Buenos Aires la intervención prevista. En los términos planteados por la iniciativa, ese incumplimiento podría considerarse la omisión de un procedimiento esencial, previo y obligatorio, y afectar la validez de lo actuado, incluso con una eventual nulidad absoluta e insanable.

Esto no significa que el proyecto automáticamente pueda anular una privatización nacional. Lo que hace es construir una posición jurídica para la Provincia y anticipar la posibilidad de judicialización, un mecanismo que el Ejecutivo bonaerense ya adoptó para reclamar al gobierno de Javier Milei, contra el que acumula demandas en la Justicia por diferentes incumplimientos.

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