En el marco de un año electoral -atravesado por un contexto de alta inflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo-, aparece una propuesta que se pretende superadora para “eliminar la inflación”: la dolarización de la economía. Así, el candidato que lleva la bandera de esta propuesta señala que “la dolarización de la economía lejos de traer problemas, trae muchas soluciones”.
Pero, ¿Qué significa dolarizar la economía? ¿Qué impacto puede tener en el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué significa eso en un país cuyo principal problema -y generador de tensiones históricas- es la falta de dólares?
Para empezar, dolarizar implica reemplazar los pesos existentes por dólares, es decir, que no circulen más pesos en nuestra economía. Por eso, para saber lo que implica, es necesario conocer cuáles son los pesos y dólares existentes en nuestra economía.
Actualmente, la base monetaria ($5,15 billones) y los títulos del BCRA -que son el respaldo de los depósitos bancarios en moneda nacional- ($12,64 billones) totalizan los $17,79 billones. Por otra parte, las reservas netas del BCRA rondan los USD 1800 millones.
Así, en un reciente informe titulado “La dolarización de la Economía: un shock de licuación salarial”, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que -con este escenario- el tipo de cambio de conversión rondaría los $2.860 por dólar si sólo se reemplaza la base monetaria; ó los $9.880 por dólar si se reemplaza la base monetaria y los títulos del BCRA.
Sin embargo, quienes sostienen esta propuesta, plantean que el BCRA posee otros activos que no forman parte de las reservas y que serían liquidados antes de cerrarlo definitivamente. Estos activos incluyen, además de bonos y letras de deuda emitidos por el Estado Nacional, las Letras Intransferibles que le fueron entregadas en los distintos pagos de deuda con reservas internacionales.
“Como su nombre lo indican esas letras son intransferibles, es decir no las puede vender a otro en el mercado el BCRA. De hecho, no tienen cotización. Su vencimiento es entre 2024 y 2032, totalizando USD 61.707 millones de valor nominal”, señala el informe. Considerando que el Tesoro no tiene ese dinero para comprarlas -si no es con una ley del Congreso que implique una quita, la otra alternativa sería acceder a los mercados voluntarios de crédito en moneda extranjera también vía autorización del Congreso -y con poca factibilidad en el corto plazo-.
El informe estima que, suponiendo que el BCRA pretenda vender al sector privado todos los títulos con cotización que tiene y exista suficiente demanda del sector privado para comprarlos sin afectar su precio, se podrían sumar reservas netas por unos USD 5.500 millones entre los bonos en moneda local y moneda extranjera.
En ese escenario, el tipo de cambio por convertir solamente la base monetaria sería de alrededor de $705. Si se incluye, además de la base monetaria, los títulos del BCRA -que son el respaldo de los depósitos en moneda nacional-, el tipo de cambio de conversión sería alrededor de $2.430.
En ese sentido, la dolarización de la economía implicaría una mega devaluación con impacto en los salarios e ingresos de la población. Considerando un salario bruto promedio del sector privado ($276.375) –equivalente a un neto (menos el 17%) de $187.900-, el propio informe estima una pérdida de poder adquisitivo en dólares de entre el 68% y el 98%, considerando los distintos escenarios de reemplazo.
Es importante aclarar que, si bien se trata de valores dinámicos (base monetaria, títulos y activos del BCRA, reservas netas, salario promedio); para propósitos del cálculo, se utilizan los valores vigentes actualmente.
Por otra parte, la desaparición del peso argentino, implica una pérdida de herramientas de la política económica. Específicamente, la política cambiaria, fiscal y monetaria.
Es decir, el Estado no contaría con herramientas para responder frente a shocks exógenos como pueden ser una caída de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación, una devaluación de nuestros principales socios comerciales, una sequía o una pandemia.
El informe señala que, “es necesario mirar por el espejo retrovisor a nuestros principales socios comerciales, como Brasil y China, y entender su política cambiaria antes de tomar decisiones que nos expongan a perder competitividad frente a ellos”. Así, “de ocurrir una devaluación en Brasil como la que ocurrió en 1999, Argentina vería encarecer sus productos en dólares y no contaría con ninguna herramienta para frenar la entrada de productos del país vecino, lo que acabaría con muchas empresas locales”. Se trata de un escenario que nos recuerda a la Convertibilidad.
“La historia de la Convertibilidad es la historia de la dolarización en Argentina”, concluía la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner el jueves pasado.
Finalmente, el informe de CEPA realiza un repaso por el caso de Ecuador, primer país latinoamericano en eliminar su moneda nacional en el año 2000 tras una profunda crisis económica, señalando que este esquema implicó “una fuerte devaluación con un dólar multiplicándose cinco veces”.
En términos de poder adquisitivo, Ecuador se encontraba en una situación social de emergencia, el salario mínimo había perdido casi 60% en términos reales desde 1980 hasta la dolarización. Sin embargo, para 2011 el salario mínimo se ubicaba 30 puntos por debajo de 1980, es decir que “en los años siguientes la mejora salarial no logró recuperar lo perdido desde 1980, sino la mitad”.
Lo más llamativo es la comparación con la salida que optó la Argentina, luego de la pérdida de poder adquisitivo que implicó -sobre todo- la Convertibilidad.
En Argentina, el salario mínimo perdió entre 1980 y el 2000 aproximadamente 25% de su valor (y casi 40% si consideramos hasta 2002). En ese entonces, ya existían las propuestas de una salida con dolarización. Sin embargo, Argentina optó por otro camino. Así, hacia 2011 el salario mínimo en Argentina presentaba una mejora real de 177% respecto de 1980 y de 248% respecto de 2001, según estima el informe.
* Aldana Denis es licenciada en Economía e investigadora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
About Author
