En estos días, el Congreso discutirá reformas a la Ley 27.799 de «Inocencia Fiscal» para flexibilizar aún más la normativa vigente. El objetivo declarado: obligar al público a volcar sus dólares «del colchón» al mercado.
La norma original, escudada en la «protección del ahorro», relajó la presunción de culpabilidad fiscal e impuso el «tapón» que impide al fisco investigar períodos ya declarados. Además, fijó un régimen simplificado en Ganancias para ingresos de hasta $1.000 millones, elevó los mínimos para tipificar el delito de evasión y subió los pisos para reportar operaciones a ARCA. El oficialismo lo vendió como una reducción de la litigiosidad; hoy, la discusión parlamentaria busca estirar esos márgenes hacia un terreno mucho más difuso.
Inocencia II: ¿otro blanqueo (no tan) encubierto?
En medio de escándalos de corrupción varios, el gobierno busca reformarel régimen para darle aún más laxitud. El nuevo proyecto elimina el tope de montos para la adhesión, volviéndolo casi universal, y mantiene el tapón fiscal ante errores de declaración detectados por la autoridad tributaria. También, se moderaría el impacto de las multas por presentaciones fuera de término, por presión de distintos sectores empresarios. Además, impone una suerte de ultimátum: los fondos que ingresen hasta fin de 2027 no tributarán ningún impuesto. Es decir, un beneficio mayor al de los blanqueos que cada tanto disponen las administraciones argentinas.
En este punto está uno de los nudos del asunto. En efecto, el régimen fue pensado con el objetivo de permitir que los dólares “del colchón”, no declarados, sean ingresados en el circuito económico para operaciones diversas.Aunque no elimine las alertas bancarias por movimientos sospechosos, el esquema opera como un blanqueo con mejores condiciones que los tradicionales: el ingreso es libre de tasas, sin pagar alícuotas en carácter de tributo;solo se declararían ingresos netos sin exhibir patrimonio, ya que el «tapón fiscal» impide por ley al ARCA investigar hacia atrás. Por añadidura, se sube el piso con el cual se considera una discrepancia como evasión fiscal. O sea, un guiño explícito a los millonarios para canalizar fondos sin consecuencias. Con ello, el proyecto revela así su doble cabeza: un cuasi blanqueo gratuito y una amnistía fiscal en toda la regla, que desestima cualquier sospecha de evasión previa.
Otra vuelta
Este tipo de medidas no es para nada original. Nuestra historia muestra que, con diferente denominación (sinceramiento, blanqueo, perdones tributarios, etc.), son moneda corriente. Arrancando la cuenta en 1956, bajo el gobierno de facto de Aramburu, pasando por gobiernos militares y civiles del más variado pelaje político, se sancionaron más de veinte regímenes con este tipo de características. Guido, Onganía, Levingston, la última dictadura militar, Alfonsín, Menem, Cristina, Mauricio, Alberto… ninguno pudo resistir estos mecanismos, ya para alimentar un erario sediento de recursos, yapara capear crisis y dinamizar cierta actividad interna (con relativamente poco éxito). En este sentido, la Inocencia II no parece una excepción, aunque si presenta una vuelta de tuerca. Si el BCRA acumula reservas comprando masivamente dólares, corre el riesgo de incrementar el precio interno del billete verde. Pero si los privados aportan, bancarizando sus ahorros o haciendo transacciones, el sistema financiero absorbe la liquidez. Así, el oficialismo obtendría el doble beneficio de mantener el tipo de cambio controlado y por otro lado inyectar dólares a la economía sin comprometer las siempre frágiles reservas del Central.
No obstante, en última instancia es la economía real la que plantea un límite. En un contexto de recesión profunda, con aumento de la desocupación, caída de la actividad en buena parte de los sectores económicos y del consumo, el incentivo para usar los “dólares del colchón” en la producción es endeble. Sin negocios rentables en el país, sin incentivo en el mercado local, el destino de las fortunas (o del humilde aporte del pequeño ahorrista) que opten por este régimen, se destinará a la bicicleta del circuito financiero, a la especulación en inmuebles, o a la actividad primaria. Todo esto con el añadido del perdón fiscal. Un negocio redondo para un sector de “la casta”, pero con escaso impacto para salir de la recesión. En un país donde “las fuerzas del mercado” nos lleva a Belindia, no hay muchas opciones. Solo se podrán movilizar los recursos sociales de manera productiva, progresiva, cuando un Estado de otro tipo pueda planificar racionalmente la economía y asignar los recursos disponibles a la producción de riqueza real y bienes exportables en diversas actividades, impulsando las condiciones de vida de la población.
*Damián Bil es doctor con mención en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Historia Económica. Investigador del CEICS. Militante de Vía Socialista.
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