El Gobierno nacional impulsa en Congreso un proyecto para modificar la Ley General de Sociedades, una normativa clave que regula cómo se crean, organizan, administran y disuelven las empresas en la Argentina.
La iniciativa fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco del paquete de reformas que impulsa la Casa Rosada. La ley actual, sancionada en 1972 y luego adaptada tras la reforma del Código Civil y Comercial, funciona como el marco central del derecho societario en el país.
Según fuentes legislativas, el texto fue elaborado con participación del Ministerio de Desregulación, el Ministerio de Justicia, la Secretaría Legal y Técnica y la Inspección General de Justicia.
Qué regula la Ley de Sociedades y por qué es clave
La Ley General de Sociedades establece las reglas básicas para la vida de las empresas: cómo se constituyen, qué tipos societarios existen, cómo se administran, cómo se toman decisiones internas y bajo qué condiciones pueden disolverse.
Se trata de una norma estructural del sistema económico, ya que define el marco legal dentro del cual operan miles de compañías en el país, desde pymes hasta grandes corporaciones.
Menos intervención estatal y más autonomía interna
Uno de los cambios centrales del proyecto apunta a reducir la intervención del Estado en la organización de las sociedades. En ese esquema, las reglas internas de cada empresa tendrán mayor peso, mientras que las normas legales pasarán a funcionar como supletorias.
Además, el Gobierno busca limitar las facultades de los registros públicos para imponer restricciones no previstas explícitamente en la ley, con el objetivo de simplificar trámites y acelerar procesos de constitución y gestión empresarial.
Digitalización y nuevas formas de empresa
El proyecto también incorpora una fuerte actualización tecnológica. Se habilitan herramientas como la firma digital, los libros societarios electrónicos, las asambleas a distancia y la constitución remota de sociedades.
En paralelo, se suman nuevas figuras vinculadas a la automatización y a la economía digital, como sociedades gestionadas por algoritmos o estructuras descentralizadas basadas en blockchain.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, describió el cambio como un giro de enfoque en la regulación económica:
«el proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación».
También destacó el avance hacia la digitalización total del sistema societario, con expedientes y registros completamente electrónicos.