Pueden ser más: un mapa demuestra que 13 millones de hectáreas son de extranjeros

Un mapa interactivo elaborado por investigadores de la UBA y el Conicet volvió a poner en el centro del debate la extranjerización de tierras en Argentina. El relevamiento muestra que alrededor de 13 millones de hectáreas pertenecen a personas o empresas de otros países, lo que equivale a casi el 5% del territorio nacional, una superficie comparable con la de Inglaterra.

El trabajo se conoce en un contexto político sensible: el Gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de la Ley de Tierras, la única norma vigente que fija límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La intención oficial ya fue planteada públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y figura entre las propuestas elevadas por el Consejo de Mayo para su tratamiento en el Congreso.

“No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa”, advierte el historiador Matías Oberlin, uno de los responsables del Observatorio de Tierras y del Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina. Y agrega: “Este gobierno ha demostrado que lo tiene en el tintero desde el día uno, con el DNU 70, y vuelven al ataque ahora”.

El mapa se armó a partir de pedidos de acceso a la información pública y permite observar el fenómeno con un nivel de detalle poco habitual. Según Oberlin, al desagregar los datos por departamentos y municipios aparece un escenario que contradice el discurso oficial. “Lo llamativo es que, cuando uno lo pone en un mapa, la narrativa de que la ley se cumple en todas las provincias se ve como una verdad a medias: en las provincias no se supera el límite, pero hay unidades en las que sí”.

La Ley 26.737 establece que ninguna provincia puede tener más del 15% de su superficie rural en manos extranjeras. Aunque ese tope no se supera a nivel provincial, el mapa exhibe 36 departamentos que ya exceden ese porcentaje. En cuatro casos —Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta— la extranjerización supera incluso el 50%. Se trata de zonas con fuerte concentración de bienes estratégicos como agua dulce, minerales y áreas de frontera.

“Los municipios pintados de rojo son localidades con bienes escasos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierra raras y lugares con conflictos sociales muy grandes, como Cushamen”, explica Oberlin. Ese departamento de Chubut, que incluye Puerto Patriada y áreas cercanas al lago Epuyén, suma más de 377 mil hectáreas extranjerizadas sobre un total de 1,6 millones, en una región que además atraviesa incendios forestales recurrentes.

El proyecto fue desarrollado por Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano, ambos becarios del Conicet, sin financiamiento específico. El objetivo, remarcan, es ofrecer una herramienta pública que permita dimensionar la situación actual y anticipar los efectos de una eventual eliminación de la ley. “Está bueno recorrer los puntos rojos: Malargüe, en Mendoza, incumple apenas la ley. Tiene poco más de 4 millones de hectáreas y más de 600 mil extranjerizadas, pero (el gobernador, Alfredo) Cornejo ya anunció varias inversiones mineras”, señala el investigador. “Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave, y esto se profundiza más con el corolario Trump de la doctrina Monroe”.

El mapa también permite identificar el origen del capital extranjero. “Si uno mira en manos de quién están, lo principal es ciudadanos o empresas estadounidenses (con más de 2,7 millones de hectáreas). En la zona de Cushamen, que es uno de los puntos neurálgicos desde hace un montón de años, está Benetton. Tierras israelíes casi no hay. Estadounidenses, italianos y españoles son mayoría. Benetton como caso paradigmático”. Para graficar la magnitud del fenómeno, los investigadores remarcan: “Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán”.

Otro dato que surge del relevamiento es la fuerte presencia de “puntos rojos” en el Norte del país, incluso más que en la Patagonia. “Son tierras de fronteras, que por lo general permiten traficar mercadería de un lado al otro sin pasar por Aduana. Todo eso habría que investigar más a fondo”, propone Oberlin, que plantea el mapa como una invitación a nuevas líneas de investigación.

Aunque la superficie extranjerizada no creció de forma abrupta en los últimos años, el informe subraya que la situación actual ya presenta vulneraciones al marco legal vigente. Sin la Ley de Tierras, advierten, la expansión quedaría prácticamente sin límites. En ese sentido, Caggiano y Oberlin alertan que “la derogación (de la Ley de Tierras) apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional”, entre ellas lagos patagónicos, bosques nativos, áreas cordilleranas con minerales críticos y regiones ubicadas sobre grandes ríos o acuíferos.

En un escenario global atravesado por disputas por el agua, la energía y los alimentos, el informe plantea que lo que está en discusión excede lo jurídico. “Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo”, sostienen. De fondo, concluyen, se juega quién decide sobre los recursos esenciales y quién queda excluido en territorios clave para el presente y el futuro del país.

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