Un informe del Instituto Argentina Grande compara diferentes modelos de países del mundo que entre 2024 y 2026, y con distintas orientaciones políticas, intervienen con éxito en diferentes áreas de sus economías. El documento contrasta estas iniciativas con el retraimiento del Estado en Argentina en cuatro grandes áreas: incentivos a la producción verificada, inversión pública, retención del procesamiento de sus recursos naturales y mejoramiento de los salarios y protección social. “La política productiva volvió a ocupar el centro de la estrategia económica en buena parte del mundo. India paga sus incentivos recién cuando la producción está verificada, Brasil financia su reindustrialización con la banca pública, Indonesia prohibió exportar el níquel en bruto y Singapur ata los salarios de los servicios a escaleras de calificación”, comienza el estudio que se centra en trece ejemplos.
Deuda Prometida seleccionó los casos de estos cuatro señalados.
India: incentivos a la producción
India tiene un sistema de incentivos de pago contra reciprocidad productiva. IAG explica que esta política, implementada desde 2020, “sostiene catorce esquemas sectoriales de incentivo ligado a laproducción (PLI, por su sigla en inglés), entre ellos telefonía móvil, farmacéutica, alimentos y módulos solares”. Bajo este esquema, el Estado paga durante tres a cinco años un porcentaje de las ventas incrementales de bienes fabricados en el país, sobre un año base, y lo hace después de verificarlas. Cada empresa adherida se compromete, a su vez, a realizar un piso de inversión. “A diciembre de 2025, las empresas adheridas habían invertido unos USD 24.000 millones y cobrado incentivos por unos USD 3.200 millones”. El resultado: por cada dólar que pagó el Estado recibió siete y medio de inversión. El documento detalla que los esquemas suman exportaciones por unos USD 92.000 millones y más de 1,4 millones de empleos directos e indirectos (Ministerio de Comercio e Industria).
Brasil: 280 mil millones de reales en inversión pública
A través deNovo PAC, un programa lanzado originalmente en 2007 (y cuya tercera versión fue relanzada en 2023), el Gobierno “prioriza la neoindustrialización y la transición ecológica, dividido en una decena de áreas clave”, explica el estudio. El país gobernado por Lula reunió en una sola cartera R$ 1,7 billones de inversión pública y privada en transporte, energía, vivienda, agua, salud y educación. Las obras están orientadas a revalorizar la infraestructura de regiones con menor desarrollo humano y municipios con menos capacidad fiscal. “La regla fiscal aprobada ese año fija un piso de inversión de 0,6% del PBI en el presupuesto federal y permite destinar a obras, con prioridad para las que quedaron sin terminar, hasta el 70% de lo que el resultado fiscal supere la meta”.
Entre 2023 y 2025 el Gobierno federal invirtió R$ 280.000 millones en infraestructura, 42% más que en los cuatro años del gobierno anterior, y a marzo de 2026 se había ejecutado el 89,5% de lo previsto para 2023-2026 (Casa Civil).
Indonesia: incentivos fiscales y prohibición de exportación de níquel sin procesar
La política implementada en Indonesia desde enero de 2020 prohíbe la exportación de níquel sin procesar. Pero no se trata de un castigo: “el Estado acompaña la medida con incentivos fiscales, parques industriales integrados como Morowali y Weda Bay y un vehículo de inversión estatal, Danantara, que en 2026 coordina 18 proyectos por unos USD 34.000 millones”.
La exigencia, explican, se limita a procesar en el territorio, sin requisitos de transferencia tecnológica ni de proveedores locales.
El resultado: los ingresos por exportaciones de níquel se multiplicaron por diez desde 2013 y los ingresos superaron los 30 mil millones de dólares en 2022. El estudio recuerda que el país extrae cerca del 60% del níquel del mundo y exporta productos de más valor: “en 2024 el sulfato de níquel salió a USD 3,04 el kilo y el ferroníquel, a USD 1,45”.
Singapur: escaleras salariales atadas a la calificación
El Progressive Wage Model, que surgió en 2012, fija escaleras de salario por ocupación, “atadas a certificaciones de competencias, en limpieza, seguridad, paisajismo, ascensores, comercio minorista, gastronomía y gestión de residuos”. Cumplir con esta disposición es condición para las licencias, para renovar permisos de trabajadores extranjeros y para ser proveedor del Estado, que además cofinancia hasta 2028 los aumentos de quienes ganan hasta S$ 3.000 mensuales.
Según datos del Ministerio de Trabajo relevados por IAG, entre 2014 y 2019 el salario real de los trabajadores locales de los sectores con escalera creció un 31% contra el 23% del trabajador ubicado en el percentil 20. “Con las medidas adoptadas desde 2021, las escaleras y el piso salarial, hoy de S$ 1.800, alcanzan a hasta 9 de cada 10 trabajadores locales de tiempo completo con salarios bajos, cuando antes cubrían a 1 de cada 10. El salario de entrada en limpieza pasa de S$ 1.312 en 2022 a S$ 2.420 en 2028”.
El contraste con Argentina
El informe citado hace una comparación de estas políticas con lo que sucede en la Argentina de Milei. Menciona, por ejemplo, que la falta de inversión en obras públicas también tuvo su correlato en la producción manufacturera que cayó 9,4% en 2024 y volvió a caer 4,9% interanual en julio de 2026. “Entre noviembre de 2023 y junio de 2026 se perdieron 246.312 puestos asalariados registrados en el sector privado, y a junio había 31.342 empleadores con personal registrado menos que en noviembre de 2023”.
Por su parte el RIGI, con 17 de sus 21 proyectos aprobados en minería, petróleo y gas, “pide como condición de encadenamiento destinar al menos 20% de la inversión a proveedores locales, cuando haya oferta en condiciones de mercado. En agosto de 2025, el Decreto 563/2025 llevó a cero los derechos de exportación de 231 productos mineros, entre ellos el hierro, el cobre y el zinc.
Por último, la Ley 27.802 de modernización laboral, vigente desde marzo de 2026, va en sentido contrario de la protección laboral que implementaron algunos de estos países. Si bien no es un problema nuevo, la informalidad laboral, lejos de bajar, subió: alcanzó al 45% de los ocupados en el segundo trimestre de 2026, 1,8 puntos porcentuales más que un año antes y el trabajo registrado en casas particulares perdió 20.187 puestos entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
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