Con negociaciones al filo del reglamento y un debate atravesado por cruces, la Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno. El texto recibió 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. Sin embargo, el festejo oficial quedó incompleto: el recinto rechazó el capítulo que pretendía eliminar la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.
La sesión se extendió durante horas y expuso el esquema que la Casa Rosada busca consolidar para sostener el superávit financiero. El proyecto no incluyó partidas para recomponer jubilaciones, reactivar la obra pública ni estimular la actividad económica, y profundizó recortes en áreas sensibles como educación, ciencia, cultura y políticas sociales. Según el CEPA, las proyecciones macroeconómicas del plan “se encuentran fuertemente desfasadas”.
El quórum apareció a las 14.28, con los últimos diputados sentándose minutos antes de que venciera el plazo. Desde la oposición ironizaron sobre las dificultades del oficialismo para reunir los números, mientras el Ejecutivo apostaba a cerrar acuerdos en paralelo con gobernadores y bloques dialoguistas. En la antesala de la votación, el Gobierno giró más de 66 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional para aceitar voluntades y sumó concesiones, como un guiño al PRO con la coparticipación porteña y mayores fondos para el Poder Judicial.
La tensión escaló cuando el oficialismo modificó el dictamen a último momento e intentó votar el Presupuesto por capítulos, una modalidad cuestionada por la oposición. Desde Unión por la Patria y la izquierda reclamaron el tratamiento artículo por artículo y denunciaron una maniobra para diluir responsabilidades. “No hay que camuflarse más para perjudicar a las personas con discapacidad, a la comunidad universitaria y a las escuelas técnicas”, advirtió Germán Martínez. En la misma línea, Miriam Bregman planteó: “El que vote por derogar las leyes de discapacidad y de universidades que dé la cara. El que vote por reventar las escuelas técnicas, que dé la cara”.
Pese a que el oficialismo impuso inicialmente su método de votación con apoyo de aliados provinciales, el capítulo 11 —que contenía la derogación de ambas leyes— no superó el filtro del recinto. La oposición reunió 123 votos para rechazarlo, contra 117 afirmativos y dos abstenciones. De ese modo, el intento de eliminar normas ya sancionadas y ratificadas por el Congreso quedó trunco.
El debate también dejó advertencias sobre una eventual judicialización. Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés sostuvieron que incluir derogaciones permanentes en el Presupuesto vulnera la Ley de Administración Financiera. Ferraro calificó la maniobra como “un cachivache jurídico” y anticipó que recurrirá a la Justicia si el texto avanza.
Más allá de ese revés, el Presupuesto incorpora cambios de fondo: elimina la indexación automática de asignaciones familiares y de la AUH, reduce metas de inversión en educación, ciencia y defensa, limita el régimen de “zonas frías” y delega en el Poder Ejecutivo definiciones clave. El cuadro se completa con supuestos de crecimiento del 5 por ciento, inflación anual del 10,1 por ciento y un dólar a 1.423 pesos para diciembre de 2026.
Ahora el proyecto pasa al Senado, donde el oficialismo busca la sanción definitiva junto con la reforma laboral. La media sanción en Diputados deja un mensaje ambiguo: el Gobierno consigue su hoja de ruta fiscal, pero no logra imponer todos sus objetivos y enfrenta resistencias incluso entre aliados circunstanciales.
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