Presupuesto 2026, otro ataque libertario hacia universidades y discapacidatados

El debate por el Presupuesto 2026 sumó un nuevo foco de conflicto en el Congreso. Con modificaciones introducidas sobre el cierre, el oficialismo logró dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda e incluyó artículos que apuntan a dejar sin efecto dos normas sensibles: la Emergencia en Discapacidad y la ley de Financiamiento Universitario, ambas sancionadas este año con amplios respaldos legislativos.

Las alteraciones al proyecto aparecieron horas antes de la reunión de comisión convocada para este mediodía. Allí, el bloque libertario incorporó disposiciones que cambian de manera sustancial el alcance de la llamada “ley de leyes”, incluso sobre textos que ya contaban con dictamen previo al recambio parlamentario y al inicio del período de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta fin de año.

En concreto, el artículo 75 del nuevo dictamen propone derogar las leyes 27.793 y 27.795, vinculadas a la emergencia en discapacidad y al financiamiento del sistema universitario. Ambas normas habían sido ratificadas por el Congreso luego de que el Parlamento rechazara los vetos presidenciales con mayorías superiores a los dos tercios.

Desde el sector universitario, la reacción no tardó en llegar. “Están llevando a la comunidad educativa otra vez a un conflicto”, advirtió el secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, Emiliano Cagnacci. El dirigente señaló que el Gobierno mantiene sin aplicación efectiva la ley de financiamiento y que, además, fijó de manera unilateral los aumentos presupuestarios previstos para 2026, sin convocar a las negociaciones paritarias.

“No sólo le están dando la espalda a la institucionalidad y a las leyes vigentes que deberían estar aplicando porque así lo determinó el Congreso, sino que además siguen sin convocar a la discusión paritaria, lo que agrava aún más la situación”, agregó.

El intento de dar marcha atrás con la Emergencia en Discapacidad también genera un fuerte rechazo entre prestadores e instituciones del sector. La semana pasada, la Justicia Federal de Campana ordenó al Ejecutivo aplicar la ley con los fondos necesarios para recomponer el deterioro provocado por el ajuste desde diciembre de 2023. En ese contexto, la inclusión del artículo derogatorio aparece como una respuesta directa a ese fallo.

“El gobierno hizo todo lo posible para dilatar los tiempos legislativos, de promulgación y después judiciales. Y ahora que está acorralado por el fallo de Campana, busca derogarla. Claramente no les importan el origen de las partidas, solo quieren destruir al colectivo de la discapacidad”, sostuvo un prestador del sistema.

El dictamen también suma otro punto polémico. El artículo 77 modifica la ley 13.478 y elimina la posibilidad de acceder a una pensión para personas con Certificado Único de Discapacidad, uno de los derechos reconocidos en el marco de la emergencia.

Desde el peronismo anticiparon un rechazo frontal a los cambios. “Vamos a rechazarlo totalmente y vamos a construir una mayoría para restaurar las leyes de emergencia en discapacidad y de emergencia en universidad”, señalaron tras conocerse las modificaciones incorporadas por el oficialismo.

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