Presupuesto 2026: el Gobierno avanzó con el artículo 30 y formalizó el recorte a la educación

El Senado sancionó el Presupuesto 2026 y, junto con el articulado general, convalidó una modificación clave que habilita un achique profundo en políticas educativas y científicas. Con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, la Cámara alta dio luz verde a un esquema que elimina garantías de financiamiento que rigieron durante años y que funcionaban como un piso mínimo para sectores sensibles.

La votación en general reunió 46 votos afirmativos, 25 rechazos y una abstención. El acompañamiento llegó desde La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, mientras que los bloques Justicialista y Convicción Federal concentraron la oposición. Durante el tratamiento en particular, el foco quedó puesto en el artículo 30 del capítulo 2, un punto que generó ruidos incluso dentro del armado que sostiene al Gobierno.

Pese a esas advertencias, el Senado también avanzó con ese tramo del texto. El artículo se aprobó con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, luego de un debate breve que no modificó el rumbo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei celebró la sanción del Presupuesto y calificó el resultado como un «hito histórico», al asociarlo con la llamada «Inocencia Fiscal». Del otro lado, la oposición alertó por el impacto que el nuevo esquema provoca en áreas estratégicas del Estado y por la pérdida de herramientas legales que protegían su financiamiento.

El núcleo del cuestionamiento gira alrededor del alcance del artículo 30. Ese apartado elimina los porcentajes mínimos de inversión vinculados al Producto Bruto Interno que debían destinarse a educación, ciencia y tecnología, educación técnico profesional y defensa. En los hechos, el Presupuesto deroga artículos centrales de leyes vigentes que fijaban esos pisos.

Entre las normas alcanzadas figuran la Ley de Educación Nacional, que establecía una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo; la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que fijaba un 1%; la legislación de educación técnico profesional, con un 0,2% del presupuesto; y el Fondo Nacional de la Defensa, que aseguraba un 0,8% para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

Con la aprobación del artículo 30, esos resguardos desaparecen del marco legal. A partir de ahora, el nivel de recursos destinado a esos sectores queda sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y a la negociación política anual, sin anclajes normativos que obliguen a sostener una inversión mínima. Para los bloques opositores, el cambio abre la puerta a un ajuste permanente en educación y ciencia, dos áreas que ya arrastran recortes y pérdida de capacidades.

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