El presidente de la Asamblea Pequeña y Mediana Empresa (APYME), Julián Moreno, desmintió las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la situación económica de los hogares y los establecimientos productivos. Advirtió que las pequeñas y medianas empresas se encuentran al borde del colapso como consecuencia de la retracción de las ventas, el encarecimiento de los insumos y la presión del organismo recaudador estatal, al tiempo que reveló que los embargos ejecutados por ARCA causaron la parálisis de más de 11.000 unidades fabriles y comerciales. Durante su entrevista en el stream de Deuda Prometida, el dirigente empresarial detalló los mecanismos de endeudamiento a los que recurren los titulares de negocios para sostener la operatividad diaria, criticó la insensibilidad de la conducción económica nacional y comparó las filas multitudinarias para puestos laborales con los escenarios vividos durante la década de 1990.
La recesión del mercado interno y la caída del consumo popular impactan con idéntica severidad sobre los trabajadores asalariados y sobre la trama de pequeñas industrias que abastecen a la población. Al confrontar el discurso oficialista que niega las dificultades del día a día, Moreno afirmó que «las pymes también cada vez llegan menos a fin de mes» y remarcó que «lo sufrimos de igual a igual con los laburantes, con los consumidores en general y con los jubilados, estamos navegando la misma suerte». Explicando las maniobras desesperadas que realizan los empresarios para mantener abiertas las persianas ante la falta de liquidez, el titular de APYME sostuvo que «el empresario pyme igual que el laburante se empieza a endeudar, empieza a consumir menos, empieza a vender stock, máquinas, muebles o ropa vieja».
El recurso al crédito para cubrir los costos fijos mensuales se ha convertido en una trampa de sobreendeudamiento que asfixia el funcionamiento de los comercios y talleres fabriles. Analizando las opciones financieras a las que acceden las unidades productivas, Moreno señaló que «hoy el empresario pyme o se endeuda con el ARCA, o se endeuda con los proveedores, o se endeuda con el banco si es que tiene la suerte de tener una carpeta crediticia ordenada, pero ninguno llega o muy pocos llegan a cubrir los gastos del mes». Esta incapacidad de afrontar los compromisos comerciales se refleja con nitidez en las estadísticas del sistema bancario nacional. En ese sentido, el dirigente reveló que «los cheques rechazados son habitualmente unos 20.000 cheques al mes y hoy estamos en 105.000 cheques por mes rechazados«, advirting que «se quintuplicó el indicador y todos los datos vinculados a la actividad están mostrando una situación general crítica».
El accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) mediante la traba masiva de embargos judiciales sobre las cuentas corporativas aceleró la mortandad de empresas en todo el país. Al evaluar el informe oficial que registra 135.000 ejecuciones fiscales en los primeros ocho meses del año, Moreno denunció que «11.200 empleadores no pudieron levantar los embargos de ARCA y el organismo recaudador los empujó al freezer o a la informalidad«. Explicando las consecuencias destructivas del bloqueo bancario, el presidente de APYME afirmó que «cuando sucede eso ya no tenés cuenta, no podés ni facturar porque como hoy toda la factura es digital el sistema no te lo permite y te saca directamente de la cancha». De este modo, Moreno destacó que un tercio de las pymes cerradas cayeron por responsabilidad directa del fisco, remarcando que «el ARCA se ocupa de cobrar pero no mide las consecuencias sociales de ese efecto».
La postura de abstención e indiferencia adoptada por el Ejecutivo nacional frente al cierre masivo de unidades productivas genera alarma de cara al futuro del tejido industrial. Cuestionando la doctrina del libre mercado aplicada por la administración central, Moreno criticó las afirmaciones del Jefe de Estado sosteniendo que «escuchando a un presidente que dice lo que dice sabemos que por el lado del Ejecutivo no va a estar la solución que esperamos». El dirigente empresarial enfatizó la gravedad de la postura gubernamental al remarcar que «es muy duro ver lo que está pasando día a día y que el gobierno te diga que el que no se puede adaptar que se joda», concluyendo que «yo prefiero un presidente argentino que gobierne para los argentinos y no que le diga a los argentinos que si no se pueden adaptar se jodan«.
Frente a la contracción de la demanda y el aumento de las tarifas, la prioridad absoluta de las pymes consiste en preservar los puestos de trabajo calificados. Describiendo la conducta de los socios de la entidad, Moreno indicó que «muy pocas empresas están hoy buscando trabajadores, la gran mayoría estamos viendo cómo cuidamos los que tenemos con lo poco que conseguimos de alguna manera». El titular de APYME fundamentó esta resistencia patronal a despedir personal afirmando que «nadie quiere deshacerse de los trabajadores que costó años formar y que ya son parte de la familia, ninguno quiere encarar un despido y está viendo de dónde rascar los recursos suficientes para sostener ese puesto con un salario pagado en tiempo y forma».
Por último, el representante empresarial relacionó las postulaciones masivas en las búsquedas laborales informales con el deterioro del empleo experimentado durante los noventa. Al comentar la concentración de miles de aspirantes para cubrir cuarenta vacantes en Ezeiza, Moreno recordó que «estamos viviendo una situación paralela y equivalente a los años 90«. Rememorando su experiencia personal en aquel período, el dirigente relató que «en los noventa yo me acuerdo de trabajar en una estación de servicio y ver que para un puesto de playero vino a presentarse un arquitecto, y me chocó, la verdad», concluyendo que la falta de financiamiento a las universidades profundiza este retroceso social.
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