Por no entregar medicamentos a jubilados, el PAMI enfrenta multas millonarias

El 16 de mayo la Justicia ordenó al PAMI que restituyera la cobertura de medicamentos al 100% a los jubilados de Córdoba, y que no aplicara los requisitos para acceder al beneficio incorporados en las resoluciones 2431 y 2537 de 2024 hasta tanto no se resolviera una medida cautelar que presentaron diferentes organizaciones, que las consideraron inconstitucionales. Casi dos meses después, y ante el incumplimiento, los magistrados intervinientes resolvieron multar tanto a PAMI como a sus autoridades provinciales y nacionales: $ 200 mil por día de incumplimiento para el primero, $ 100 mil al director nacional y $100 mil al director de Córdoba. Los abogados solicitaron además que esto se hiciera efectivo desde el momento del dictado de la cautelar: si esto se aplica, la obra social y los directivos ya deben $ 24 millones solamente en la provincia de Córdoba.

“Los funcionarios centrales y el delegado de Córdoba de PAMI se han negado sistemáticamente a dar cumplimiento a la resolución del Juez Federal. Han argumentado supuestos inconvenientes burocráticos que le impiden cumplir. Este argumento es absolutamente falso, en virtud de que lo ordenado por resolución judicial implica simplemente volver a poner en funcionamiento el sistema de administración y logística que funcionó normalmente durante años”, puede leerse en la denuncia que los abogados compartieron con este medio.

“No cumplen con la cautelar y tampoco con las otras medidas que estableció el Juez. Pedimos que le fijen astreintes a PAMI, al director nacional de PAMI y al director de Córdoba y nos hizo lugar”, explicó a Deuda Prometida Carlos Vicente, uno de los abogados demandantes. “No es solo incumplir, es más grave: desobediencia al Juez”, sentenció.

En la decisión del Juzgado Federal de Mendoza –en donde se presentaron las denuncias– se intimaba a la parte demandada, en el plazo de 48 horas, a que “acredite fehacientemente de forma específica que ha hecho pública en los medios provinciales digitales de circulación masiva de Córdoba la orden precautoria para que tomen conocimiento efectivo los afiliados, todo ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias progresivas -astreintes- de $ 200.000 por cada día de incumplimiento”. Es decir, la Justicia solicitaba a PAMI, además de suspender la aplicación de las resoluciones, informar esta decisión por todos los medios, cosa que nunca ocurrió. El dictamen tiene fecha del 2 de junio y reconoce la responsabilidad del director nacional de PAMI, Esteban Leguizamo, y de Marcos Patiño Correas, director Ejecutivo de la Unidad de Córdoba, a quienes les impone una multa diaria de $ 100 mil.

“Es una multa que se paga en pesos y va al Tribunal, que es el que resuelve qué se hace con los fondos. Si no se paga se ejecuta como cualquier deuda: embargo de cuenta o bienes, y se remata”, detalló Vicente. “Esto hasta que efectivamente cumplan sigue generando deuda. Hemos pedido esta semana al Juez que fije la fecha desde la cual se debe cobrar a PAMI y a los directores. Nosotros le pedimos que sea desde cuando es exigible, o sea cuando fueron notificados cada uno del cumplimiento de la cautelar”.

El abogado agregó que el sentido de la multa es persuasivo, “más aun en este caso, que muy bien resolvió el Juez hacerla efectiva a las personas por incumplimiento. Además, se han dado pasos para que las acciones de los directores (en persona) configuren la conducta punible de desobediencia judicial”.

Vicente también aclaró que, si bien el amparo que presentó junto a su colega Mabel Edith Sessa se refiere específicamente al caso de Córdoba y por tanto las resoluciones aplican a esa provincia, “en los cuatro expedientes que se tramitan está fijado así.  Por mes de incumplimiento a PAMI le costaría $24 millones”. A eso se le suma el expediente específico de Córdoba: “están fijados los astreintes al Director PAMI Nación y PAMI Córdoba, que le costaría $3 millones a cada uno por mes”.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde el triunfo de Javier Milei “el comportamiento de precios de medicamentos más utilizados por personas mayores inició un raid de incrementos significativos”: entre noviembre de 2023 y abril de 2025 escalaron un 237,1%.

Entre quienes esperan que el PAMI cumpla con la Justicia, “hay mucha desesperación”, aseguró el abogado. “Las jubilaciones son bajas y los remedios caros, pero además a las condiciones del subsidio pocos las pueden cumplir”. Por otro lado, concluyó, “estos expedientes electrónicos no son accesibles para la mayoría”.

Esos $ 24 millones mensuales que podría costar a PAMI la desobediencia, sumados a los 6 millones de los funcionarios, equivalen a casi 100 jubilaciones mínimas, cuya actualización está completamente descartada por parte del Gobierno nacional.

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Agustina Bordigoni

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