Por los fondos buitre, jueza estadounidense exige entregar YPF

La jueza Loretta Preska, que integra el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, resolvió que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF a quienes impulsan la demanda por la expropiación de la petrolera concretada durante el gobierno de Cristina Kirchner. La decisión judicial se produce en el marco del extenso conflicto legal que inició el fondo Burford Capital, poseedor de los derechos de litigio que pertenecían al Grupo Petersen Energía e IEASA. La controversia gira en torno a la supuesta omisión de realizar una Oferta Pública de Adquisición al resto de los accionistas cuando el Estado adquirió la participación de Repsol.

La historia del caso se remonta a los años noventa, cuando en el proceso de privatización se incluyó una cláusula que obligaba a quien tomara control mayoritario a extender esa oferta a todos los inversores minoritarios. Según la demanda, este paso fue ignorado en 2012, generando una presunta violación de estatutos que, a criterio de Burford, habilita la reparación económica.

En 2015, Burford Capital adquirió en una subasta en España los derechos de la demanda por 16 millones de dólares. Petersen Energía —controlada por la familia Eskenazi— había ingresado a YPF años antes, cuando compró cerca del 25% de la empresa. Tras el colapso financiero de Petersen, Burford asumió la estrategia judicial que derivó en el fallo reciente. De prosperar la indemnización, Burford recibiría un 70% del monto y el 30% restante quedaría para Petersen y sus acreedores.

Los abogados que representan a Argentina advirtieron que el proceso presenta serios cuestionamientos de jurisdicción. En presentaciones anteriores, los letrados sostuvieron que el tribunal estadounidense “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”. También remarcaron que, bajo la normativa local, no existe una figura equivalente que permita a un accionista denunciar a otro por incumplir estatutos societarios y reclamar un resarcimiento monetario en estas circunstancias.

Otra de las líneas argumentales de la defensa argentina indica que la operación de compra a Repsol recién se oficializó en 2014, cuando se abonó la operación, momento en que Petersen ya no figuraba entre los accionistas. Este punto, aseguran, debilita el fundamento de la demanda.

Para ilustrar la magnitud del conflicto, los abogados plantearon una comparación que pretendió exponer el carácter inédito del caso: “Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al gobierno de los Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en los Estados Unidos, creara una causa no previamente reconocida por los tribunales estadounidenses, y luego dictara un fallo de más de U$S 2 billones (la proporción equivalente del gasto federal de los Estados Unidos el año pasado), el gobierno de los Estados Unidos, el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente shockeados”, enfatizaron.

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