Por la motosierra, el Gobierno no admitió nuevos casos de infancias víctimas de abuso para patrocinio jurídico gratuito

Por medio del Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR), “el Estado garantiza el acompañamiento y/o representación legal gratuita de una/un abogada/o a personas que atraviesan o atravesaron hechos de abuso sexual durante la niñez o adolescencia”, explica el Gobierno a través de la página web del Ministerio de Justicia. Este programa, continúan, “asegura el patrocinio tanto en el fuero penal como en el fuero civil o de familia, en aquellas causas derivadas del abuso” y destaca que las y los profesionales trabajan con perspectiva de derechos humanos, niñez y género.

Pero la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) logró saber, a través de un pedido de acceso a la información pública, que durante 2025 no se incorporaron casos para asistir: en 2023 PatrocinAR admitió a 283 personas y 67 en 2024. “En 2025 no ingresaron nuevos casos”, explican. Su personal, por otro lado, se redujo en un 58%.

Para tomar dimensión de la importancia de este programa, el mismo gobierno nacional anunciaba en 2022 que se habían atendido 255 casos. “Es una política pública que garantiza –de forma gratuita– abogadas y abogados a personas que están atravesando o atravesaron hechos de abuso sexual durante su niñez o adolescencia para que se tomen las medidas de protección necesarias, se lleven adelante causas civiles y/o penales y se le garantice su derecho de acceder a la Justicia”. El objetivo es que la justicia se entienda como un derecho humano, y sea un poco más accesible para aquellos que no pueden costear un proceso. “Inicialmente el programa se implementó en 13 provincias, pero ya está funcionando en 21 y se proyecta incorporar a las restantes en los próximos meses”, anunciaban por entonces.

Un acceso a la justicia cada vez más complicado

La organización presentó un informe en el que se destacan otros datos relevantes sobre el acceso a la justicia de las víctimas de abusos en la infancia y en la adolescencia, pero también de mujeres objeto de esta y otras formas de violencia. “Aunque se habló de ‘ordenamiento’ de los Centros de Acceso a la Justicia, que brindan servicios de atención legal primaria gratuita, en la práctica sólo 30 de 108 siguen operativos a septiembre de 2025”. El equipo de trabajo de estos centros de acceso a la justicia (fundamentales en casos de personas que viven alejadas de centros urbanos o grandes ciudades) se redujo en un 75,6% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Los CAJ fueron creados en 2008 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  El objetivo, explicaban las autoridades en ese momento, era “condensar la atención de personas con derechos vulnerados, historias de vida que demandaban la resolución de problemáticas que cercenaban el acceso y goce a una ciudadanía plena”. Los CAJ se desplegaron a lo largo del país con equipos profesionales interdisciplinarios.

Por otro lado, en el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidas que los dejaron huérfanos, también mermaron otros tipos de ayudas. El Régimen de Reparación Económica Para las Niñas, Niños y Adolescentes (RENNYA), hijas e hijos de víctimas, señalan desde ELA, muestra una caída en su alcance: “en 2023 se registraron 270 dictámenes favorables. Para 2024 y 2025 solo contamos con información al primer semestre de cada año, donde se registraron 67 y 57 dictámenes favorables respectivamente, una caída de 14,9% entre 2024 y 2025”.

Según pudo constatar este medio con fuentes de gobierno, son en total 1793 niños, niñas y adolescentes los que actualmente cobran este dinero. En total, según la organización Casa del Encuentro, 3.840 hijos e hijas quedaron sin madre a causa del femicidio entre 2015 y lo que va de 2026.

El informe de ELA es contundente: “la violencia empieza mucho antes de un crimen y, si no hay políticas de prevención, asistencia y acompañamiento, el Estado llega tarde. Hoy la protección depende de la provincia donde se viva y de su capacidad para sostener lo que la administración nacional abandonó”.

Además de ser cruel, “la evidencia muestra que es 22 veces más costoso –y por lo tanto ineficiente– intervenir tarde que prevenir a tiempo”.