Por el abandono de Milei, barrios populares impulsan acciones para concretar obras públicas

Una iniciativa multipartidaria comenzó a tomar forma en Diputados con el objetivo de asegurar durante la próxima década recursos para obras de vivienda, infraestructura y urbanización en barrios populares de todo el país.

El proyecto, denominado Ley de Emergencia en Barrios Populares, fue presentado este miércoles con la participación de representantes de Cáritas, Techo y la Mesa Nacional de Barrios Populares. La propuesta apunta a establecer un esquema de financiamiento entre 2027 y 2036 para sostener trabajos de infraestructura que quedaron frenados.

La presentación reunió a legisladores de diferentes espacios políticos, entre ellos Martín Lousteau, Fernanda Miño, Maximiliano Ferraro, Oscar Herrera Ahuad y Marcela Pagano. También participaron Germán Martínez e Itaí Hagman.

Durante el encuentro, monseñor Gustavo Carrara, titular de Cáritas, destacó la necesidad de sostener políticas públicas a largo plazo.

«Este proyecto tiene una fuerza muy decidora porque va a abordar la pobreza de modo multidimensional. Nos hacen falta consensos comunes y planificación. Para que la realidad cambie, hay que sostener políticas públicas», dijo.

Un esquema de financiamiento hasta 2036

La iniciativa establece un piso de recursos presupuestarios durante diez años. Para el período 2027-2029, la propuesta fija una asignación mínima equivalente al 0,0375% del PBI, que aumentaría progresivamente hasta llegar al 0,1125% entre 2034 y 2036.

El mecanismo busca dar previsibilidad a las obras de infraestructura y evitar que su continuidad dependa de decisiones presupuestarias anuales.

El diputado Oscar Herrera Ahuad cuestionó que la discusión quede limitada al concepto de gasto y defendió la inversión estatal en servicios esenciales.

«Me cansé de escuchar hablar del gasto, habelmos de inversion. Este proyecto es de fenomenal inversión. Porque cuando el Estado hace las cuentas, un niño enfermo sale mas caro que una partida para arreglar cloacas y agua potable», señaló.

El FISU, en el centro de la discusión

La propuesta surge después de que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional no contemplara recursos para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Según los datos expuestos durante la presentación, el fondo ya había sufrido una fuerte reducción de su financiamiento desde la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno: pasó de representar el 9% al 0,3% de los recursos mencionados por los impulsores de la iniciativa.

Martín Lousteau cuestionó el argumento oficial sobre la falta de recursos y planteó que el problema también está relacionado con las prioridades de la administración nacional.

«El Gobierno Nacional dice que no hay plata. No creo que sea un tema de plata. Es un tema de concepciones, de ‘no me importa, no quiero bajar a ese sótano ni ver cómo viven 5 millones de compatriotas’«, planteó.

A quiénes alcanzaría la ley

De acuerdo con los datos presentados por los impulsores, la iniciativa tendría impacto sobre más de cinco millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares registrados en el Renabap. Dentro de esa población hay aproximadamente 1,7 millones de niños y niñas.

Las organizaciones que participaron de la presentación remarcaron además que la paralización de obras tiene consecuencias sobre el empleo y el acceso a servicios básicos.

Araceli Ledesma, representante de la Mesa Nacional de Barrios Populares, sostuvo:

«No tiene que retroceder nuestra Argentina. Ya estamos soportándolo todo. Para nosotros es importante que no nos olvidemos de cada rincón.»

La dirigente también señaló que las obras detenidas implican una pérdida de puestos de trabajo y definió el proyecto como «una esperanza».