La política de confrontación del gobierno nacional con periodistas y medios llegó a la agenda internacional. En Miami, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para este miércoles a las 18.15 una audiencia donde se analizará la situación del sector, con la presencia del SiPreBA, la FATPREN, el Cels y diversas organizaciones que siguen de cerca el deterioro del clima para el ejercicio del oficio. Francisco “Paco” Rabini, representante de los trabajadores de prensa, sintetizó el cuadro: “Uno de los ejes de las políticas del gobierno de Milei es impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo, que es cubrir hechos noticiosos, informar, preguntar”.
Desde el Cels subrayaron que el gobierno “deberá dar explicaciones sobre el deterioro sostenido y alarmante en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el país”. Como parte del período de sesiones número 194, la CIDH escuchará también a figuras del periodismo como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el reportero gráfico Tomás Cuesta. La preocupación escaló aún más por casos extremos de violencia institucional. Rabini puso un ejemplo contundente: “El caso más dramático es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien quedó al borde de la muerte cuando le dispararon con un proyectil de gas y le pegaron en la cabeza”.

A la audiencia se sumarán además ARGRA, FOPEA, Amnistía Internacional y entidades académicas y sindicales que vienen documentando los ataques contra trabajadores de prensa. El SiPreBA llevó un informe donde advirtió: “Los ataques del gobierno, que incluyen demandas judiciales para limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa o represión sobre periodistas que realizan su trabajo, también se extendieron a la reducción del rol de los medios públicos, al intento de cierre de la Agencia Télam, a la intervención prolongada del ENACOM, a la paralización de fondos FOMECA y al vaciamiento de la Defensoría del Público, afectando la pluralidad informativa y la diversidad de voces”.
Esa descripción coincide con el análisis del Cels, que alertó por un uso cada vez más sistemático de la maquinaria estatal para castigar críticas y disciplinar redacciones: “El nuevo contexto político trajo aparejado un clima de intolerancia estatal hacia la crítica, estigmatización y hostigamiento a la prensa y uso de mecanismos institucionales para restringir el debate público, bajo el lema ‘no odiamos suficiente a los periodistas’”.
El presidente Javier Milei profundizó ese camino al iniciar demandas por calumnias e injurias contra distintos comunicadores. En la lista figuran Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Nicolás Lantos, Ari Lijalad y Julia Mengolini. Antes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había llevado a los tribunales a Nancy Pazos y Darío Villarruel. Las organizaciones recalcan que la violencia en la calle también creció y que, según el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, “en las movilizaciones y protestas hubo más de cien periodistas y trabajadores de prensa heridos o detenidos”.
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