El gigante tecnológico que encabeza Marcos Galperin volvió a ser uno de los mayores beneficiarios de las políticas de promoción estatal. En 2025, Mercado Libre concentró cerca del 20% de las exenciones impositivas destinadas al sector de la Economía del Conocimiento, lo que equivale a unos 39.000 millones de pesos en créditos fiscales y alivios tributarios.
De acuerdo con datos oficiales, el total de los beneficios para empresas tecnológicas llegó este año a 195.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 50% respecto del año anterior. En los últimos tres años, Mercado Libre acumuló más de 250 millones de dólares en subsidios y reducciones impositivas otorgadas por el Estado argentino.
El esquema resulta especialmente controvertido si se considera que Galperin trasladó su residencia fiscal a Uruguay en 2019, donde tributa sus impuestos personales y desde donde dirige parte de la operación regional. Aun así, sus filiales locales continúan aprovechando los regímenes de fomento económico.
“¿Y el costo fiscal de este subsidio?”, cuestionó un diputado opositor, en alusión al volumen de beneficios que recibe la empresa. Paradójicamente, la ley que permitió este tipo de exenciones fue sancionada durante los gobiernos kirchneristas, con amplio consenso político.
Mientras tanto, desde la propia compañía se impulsa un reclamo que choca con su nombre. Su presidente en Argentina, Juan Martín de la Serna, pidió mayor intervención estatal para limitar el avance de plataformas chinas como Shein y Temu, a las que acusó de ejercer una “competencia desleal” y de estar “destruyendo empleo argentino”.
Esa postura provocó ironías en el mundo empresario. “Galperin descubrió que el mercado es libre… hasta que llegan los chinos”, ironizó un dirigente del sector, y agregó con sorna: “Mercado Libre contra el libre mercado. Argentina no lo entenderías”.
Además del debate sobre los beneficios fiscales, la compañía enfrenta denuncias por sus condiciones laborales. Sindicatos advirtieron sobre tercerización, contratos precarios y violaciones a convenios colectivos. En 2021, un informe de LPO expuso que parte de su personal trabaja en condiciones inestables, en un esquema que combina alta rentabilidad con flexibilidad extrema.
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