El Ministerio de Capital Humano atraviesa una nueva etapa de ajuste profundo que incluye la eliminación y reorganización de decenas de áreas internas, según documentos oficiales a los que accedió Página/12. El plan contempla una reducción presupuestaria superior a los $2.500 millones anuales y abre la puerta a una nueva tanda de despidos que, según estimaciones sindicales, podría superar el millar de trabajadores.
La reestructuración impacta sobre estructuras clave dentro de las áreas de Educación, Trabajo y Niñez, donde se prevé la disolución de unas 58 dependencias y la fusión o degradación de otras 42. Entre los sectores alcanzados figuran recursos humanos, administración, legales y auditoría, lo que implica un rediseño integral del funcionamiento interno del ministerio.
El recorte no se limita a la estructura administrativa. También se enmarca dentro de un ajuste más amplio sobre programas sociales, que ya habían sufrido modificaciones presupuestarias en semanas anteriores. Entre ellos aparecen iniciativas de inclusión social y empleo, además de programas vinculados a comedores comunitarios.
Dentro del propio Gobierno, la medida se justifica bajo el argumento de “simplificación” y “transformación” del Estado. Sin embargo, en los documentos internos se refleja la necesidad de alinear la cartera con los lineamientos de reducción del gasto público impulsados por el Ministerio de Economía y el área de Desregulación del Estado.
La decisión genera preocupación en los gremios estatales, que advierten por el impacto sobre los trabajadores y el funcionamiento de políticas públicas sensibles. Desde UPCN señalaron que el proceso “busca expulsar trabajadores y trabajadoras técnicos y profesionales que fueron formados durante años en el Estado Nacional”.
En la misma línea, ATE cuestionó la iniciativa y denunció que se trata de una reestructuración sin sustento técnico. “Este intento de reestructuración interna, fundamentada en la supuesta búsqueda de eficiencia, es forzada y no tiene ningún tipo de sustento”, expresaron desde la Junta Interna de ATE-Trabajo.
El conflicto se mantiene abierto mientras el ministerio avanza con el rediseño administrativo y los sindicatos declaran el estado de alerta ante posibles despidos y cambios en la estructura estatal.