Paro universitario sin tregua: ¿cuánto debería ganar un docente?

El conflicto en las universidades nacionales suma un nuevo capítulo con un paro docente que se extiende hasta el sábado 20 de junio. La medida, impulsada por la Federación Nacional Conadu Histórica, pone en el centro la diferencia entre los aumentos pactados con el Gobierno y los montos que, según la Ley de Financiamiento Universitario, deberían percibir los trabajadores del sector.

Lejos de encauzar la discusión, el acuerdo firmado entre el Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros gremios no logra desactivar el malestar. Desde distintos sectores docentes advierten que los incrementos quedan muy por debajo de la inflación acumulada y consolidan una pérdida salarial que ya impacta de lleno en las condiciones de vida.

Salarios por detrás de la inflación

El entendimiento oficial contempla una suba del 21,3% en junio y otro 3% en octubre, además de refuerzos presupuestarios para funcionamiento, hospitales universitarios y becas. Sin embargo, quienes rechazan la propuesta señalan que la actualización resulta insuficiente frente a una inflación acumulada del 312,1% desde diciembre de 2023, mientras que los salarios básicos solo aumentaron un 155% en ese período.

Las diferencias se vuelven concretas en los recibos de sueldo. Un ayudante de primera con dedicación simple pasó de cobrar $88.023 a fines de 2023 a $224.713 en mayo de 2026. Con el nuevo acuerdo, ese ingreso asciende a $272.576, aunque según la ley debería ubicarse en $362.742.

En tanto, un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva percibía $210.727 en diciembre de 2023 y alcanzó los $537.976 en mayo. Con la actualización oficial llegaría a $652.726, pero el cálculo ajustado a la normativa lo llevaría a $868.405.

Rechazo sindical y presión judicial

El malestar se expresa con fuerza en las bases. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) rechazó el acta y moviliza junto a otros sectores para exigir la aplicación plena de la ley, cuyo futuro depende de la Corte Suprema.

Laura Carboni, secretaria general del gremio, remarcó que “el acuerdo firmado por los rectores y las federaciones es insuficiente. Es un 21% que no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, por eso sigue el descontento de las bases docentes y no docentes con esta entrega”.

Desde el sindicato también advierten sobre el impacto político del acuerdo. “Se confirma nuestra preocupación con la firma de este acuerdo por parte de los rectores y la burocracia sindical: además de no dar respuesta a las demandas docentes y no docentes, le brinda argumentos al Gobierno para intentar desarmar el reclamo judicial –subrayó Carboni–. Por eso nuestra asamblea rechazó el acta acuerdo y, junto a nuestra federación, ratificamos el paro de una semana”.

En paralelo, el Gobierno presentó el acuerdo como elemento ante la Corte, al sostener que responde a las exigencias planteadas en la ley. Sin embargo, el conflicto sigue abierto y la comunidad universitaria mantiene el estado de alerta, con nuevas medidas en agenda y un escenario que no muestra señales de resolución inmediata.