En un escenario atravesado por fuertes restricciones fiscales, el Gobierno bonaerense selló un acuerdo salarial con la mayoría de los gremios docentes y con los sindicatos que representan a los trabajadores encuadrados en la Ley 10.430 y regímenes especiales. La definición llegó tras mejorar la propuesta inicial y en medio del impacto que generan las decisiones económicas de la administración nacional sobre las cuentas provinciales.
El esquema consensuado combina varios componentes. Por un lado, contempla un retroactivo correspondiente a diciembre junto con el proporcional del medio aguinaldo. A eso se suma un incremento del 3% en enero, calculado sobre los haberes vigentes a octubre. En conjunto, el salario de enero incorpora una suba del 4,5% producto de esa compensación acumulada.
Además del aumento, la Provincia asumió el compromiso de reabrir la discusión paritaria en febrero, con el objetivo de volver a evaluar la evolución de los ingresos y el contexto económico general.
Desde el Ejecutivo provincial volvieron a señalar el cuadro financiero adverso que enfrenta Buenos Aires, marcado por el recorte de transferencias no automáticas dispuesto por el Gobierno nacional y la caída de la recaudación. Aun así, la gestión de Axel Kicillof sostiene la prioridad en preservar las condiciones laborales y mantener el diálogo como herramienta central en la relación con los sindicatos.
Las negociaciones se desarrollaron de manera virtual y contaron con la participación de funcionarios de distintas áreas del Gobierno bonaerense. Intervinieron representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, de la Dirección General de Cultura y Educación, de la Secretaría General y del Instituto de Previsión Social, quienes acompañaron el cierre del entendimiento con las organizaciones gremiales.
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