El Gobierno nacional avanzó con el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y decidió trasladar todas sus funciones al Ministerio de Salud, en medio del escándalo judicial que salpica a su conducción por presuntas maniobras irregulares en contrataciones públicas. El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa desde Casa Rosada.
Según explicó el Ejecutivo, la medida apunta a desarmar la estructura autárquica del organismo creado en 2017 y concentrar la administración de las políticas de discapacidad dentro de la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones. Desde el oficialismo sostienen que el cambio no requiere aval del Congreso porque se trata de una reorganización interna del Estado.
«La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud», informó el ministro nacional al detallar el alcance de la decisión.
El vocero presidencial afirmó que el nuevo esquema busca modificar de raíz el funcionamiento del área. «Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecinalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones», señaló Adorni.
El cierre de la ANDIS también implica un fuerte recorte en su estructura jerárquica: se eliminan 16 cargos, lo que representa una reducción del 45,7%. En ese marco, el jefe de Gabinete buscó despejar temores entre los beneficiarios. «Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo», afirmó y agregó que la reorganización no implicará «que se corte absolutamente ninguna prestación».
La decisión oficial se conoce mientras avanza la investigación judicial conocida como Caso Spagnuolo, que puso bajo la lupa un esquema de corrupción dentro de la ANDIS. De acuerdo a la Fiscalía, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se direccionaron más de $30.337 millones a través de “compulsas reducidas”, un mecanismo que restringía la competencia y favorecía a un grupo acotado de empresas proveedoras.
La causa describe la existencia de un “cártel de las cuatro droguerías” —Porfarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.— que concentró la mayor parte de las compras de medicamentos e insumos médicos. Algunas de esas firmas llegaron a controlar hasta el 93% de las adjudicaciones, mientras otras compañías y operadores aparecen mencionados por su participación en el direccionamiento de contratos y presuntos sobreprecios.
Según el expediente, la operatoria se estructuró en distintos niveles que incluyeron a funcionarios del organismo, intermediarios externos y empresas beneficiadas. En ese contexto, el cierre de la ANDIS abre interrogantes sobre el futuro de la investigación y el alcance real de la reconfiguración administrativa dispuesta por el Gobierno de Javier Milei.
About Author
Te puede interesar también...
-
A los amigos, todo: Milei salió a rescatar a un gobernador libertario
-
Desesperado por dólares, Caputo presiona a una provincia para que liquide
-
Presupuesto 2026: el Gobierno avanzó con el artículo 30 y formalizó el recorte a la educación
-
Ley de inocencia fiscal: cómo es el nuevo blanqueo para narcos que creó Milei
-
Kicillof, duro con Milei: “Es un desastre lo que están haciendo”