La Justicia Comercial de Mercedes ordenó la liquidación definitiva de Lácteos Conosur S.A., empresa que operaba bajo la marca La Suipachense y que fue durante décadas una de las fábricas más emblemáticas de la cuenca lechera bonaerense. La decisión judicial, firmada el 8 de noviembre, dispuso la clausura del establecimiento en Suipacha, la inhabilitación de sus directivos y la prohibición de salida del país para su presidente, Jorge Luis Borges León.
Según el expediente, la compañía “carece de toda generación de ingresos” e incumplió el acuerdo preventivo homologado, lo que derivó en la apertura directa de la quiebra. La firma arrastraba una deuda monumental, con más de 1.000 cheques rechazados por 8.500 millones de pesos, salarios atrasados y pagos pendientes con tamberos de la región.
Durante su época de auge, la planta llegó a procesar hasta 250.000 litros de leche diarios, pero la producción se desplomó y terminó paralizada. Los 140 empleados directos perdieron sus puestos y los 180 productores que proveían materia prima cortaron los envíos ante la falta de cobros.

El fallo del Juzgado de Mercedes también instruyó al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) a brindar información sobre los activos y movimientos financieros de la empresa. Además, se autorizó el ingreso forzoso con cerrajero y uso de la fuerza pública para el inventario y posterior liquidación de bienes.
El caso se suma a la reciente quiebra de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), otra firma láctea bajo control del grupo venezolano Maralac, que había gestionado también La Suipachense. ARSA —productora de yogures y postres SanCor— fue declarada en quiebra con un pasivo superior a 49.000 millones de pesos y 540 cheques rechazados.
Ambas compañías integraban la estructura industrial del grupo Maralac, que desembarcó en Argentina en 2012 y nunca consiguió estabilizar sus operaciones tras el colapso financiero de Vicentin, su anterior controlador. Desde entonces, acumuló denuncias sindicales por vaciamiento, desvío de fondos y maniobras de facturación cruzada, impulsadas por ATILRA, el gremio que representa a los trabajadores lácteos.
Con las dos plantas paralizadas y más de 1.500 cheques rechazados por más de 15.000 millones de pesos, el grupo Maralac se retira del mercado lácteo argentino, dejando un saldo de más de 600 trabajadores desempleados, deudas impositivas y comunidades enteras afectadas por el cierre de su principal fuente laboral.
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