2 de diciembre de 2025

Otra vez, Milei le bajó el pulgar a los jubilados y a las personas con discapacidad

El Presidente vetó tres leyes que el Senado había aprobado por amplia mayoría.

Javier Milei vetó los proyectos que otorgaban un aumento extra a las jubilaciones, prorrogaban la moratoria previsional y declaraban la emergencia en el área de discapacidad. La decisión, oficializada este lunes a través del Decreto 534/2025, generó rechazo en amplios sectores de la oposición, que ahora buscarán insistir con las leyes, aunque necesitarán una mayoría especial en ambas Cámaras del Congreso.

El paquete de medidas vetado había sido respaldado por 52 senadores y solo encontró cuatro abstenciones. Sin embargo, el Gobierno argumentó que su implementación generaría un “costo fiscal exorbitante”, con impacto directo en los objetivos de equilibrio fiscal. Según los cálculos oficiales, las iniciativas implicarían un gasto adicional de más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026, lo que representaría el 1,68% del PBI del próximo año.

“El equilibrio fiscal es innegociable”, se lee en el texto del decreto, que también cuestiona el procedimiento legislativo. El Ejecutivo consideró que la sesión del 10 de julio en el Senado fue convocada sin respetar los plazos reglamentarios y calificó como ilegítima la forma en que se habilitó el debate.

En los hechos, esta es la segunda vez que Milei rechaza una suba para jubilados desde su llegada al poder. El nuevo veto afectó una actualización del 7,2% para todos los haberes, un incremento del bono mensual de $70.000 a $110.000, y la continuidad de la moratoria previsional que venció en marzo, clave para personas mayores sin los 30 años de aportes exigidos para jubilarse.

Además, el Presidente desactivó la emergencia en discapacidad, que incluía garantías de pago hasta fines de 2027 a prestadores de servicios —como transportistas, acompañantes terapéuticos y enfermeros—, mejoras en la asignación para personas con discapacidad empleadas en talleres protegidos, y la agilización de los trámites de pensiones. En la actualidad, los trabajadores con discapacidad que forman parte de estos talleres perciben apenas $28.000 al mes, un monto congelado desde febrero de 2023.

Aunque el Senado logró aprobar los proyectos con holgura, el panorama en Diputados es más incierto: los números fueron mucho más ajustados y no está garantizado que la oposición logre los dos tercios necesarios para insistir con la sanción definitiva. Por ahora, la próxima sesión de la Cámara baja, prevista para el 6 de agosto, no incluirá estos temas. En cambio, se espera que ese día se discutan fondos para salud pediátrica y universidades, en medio de protestas sociales y movilizaciones de jubilados frente al Congreso.

El economista Carlos Cachanosky también se sumó a las críticas tras el veto presidencial y advirtió que hay “riesgo de default” si no se toman medidas para atender la situación fiscal y social. Mientras tanto, la motosierra sigue activa y el ajuste recae, una vez más, sobre los sectores más vulnerables.

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